CAPITALISMO, POLÍTICA Y TRABAJO

 

CAPITALISMO, POLÍTICA Y TRABAJO

Notas acerca de la Economía, el Estado y el Trabajo

 

 

INTRODUCCIÓN

 

 

En el presente la calidad del empleo y, en especial, el no empleo es un problema central, tanto para los agentes económicos, como para los actores políticos y sociales. El denominado proceso económico de la globalización genera nuevas incertidumbres acerca del presente y el futuro de la acumulación del capital y particularmente del empleo asalariado. Pero, desde los inicios del capitalismo y de la imposición de la medición mecánica (y ahora electrónica) del tiempo, la preocupación acerca de la incertidumbre sobre el futuro del trabajo humano y por consiguiente de las sociedades, ha sido una cuestión constante, interrumpida sólo por el breve lapso en el que predominó en los países capitalistas desarrollados el Estado de Bienestar.

 

Desde el fin de la sociedad medieval, la organización política-estatal, el desarrollo económico capitalista y el trabajo humano conformaron una unidad estructural con expresiones particulares según el tiempo y la sociedad que se analicen. Sus elementos comunes son el tipo de derechos y de regulación política-estatal, las lógicas de funcionamiento de los mercados, junto a los avances científico-técnicos que los hacen posibles y la organización del trabajo humano. El cómo estas dimensiones se organizan en cada coyuntura histórica definen la concepción del hombre y su integración social y el papel de la economía y de la política junto a la organización estatal, tanto en el presente de las condiciones de vida como en el futuro del individuo y de la humanidad.

 

El origen y las características del capitalismo avanzado y su relación con el Estado y la política han constituido, desde el siglo XVIII hasta nuestros días, un eje central de estudio, tanto para disciplinas tradicionales como para aquellas que se han ido conformando a lo largo de este desarrollo histórico. El problema de la relación del mercado con la política y el aparato estatal ha sido abordado tanto desde la filosofía como desde la economía, la sociología, las ciencias políticas, la antropología social y la psicología. Desde una perspectiva histórica, autores relevantes de esas disciplinas han trabajado el problema del mercado y de la política desde distintas perspectivas y enfoques, representando escuelas de pensamiento en la materia que aún influyen con sus premisas y enfoques en el análisis y en la comprensión del tema.

 

El funcionamiento del mercado y de la lógica mercantil es un foco central del análisis teórico de la cuestión para las escuelas de pensamiento que privilegian en sus premisas al individuo y sus intereses y al rol del mercado en el desarrollo económico y social y en su capacidad de autorregulación. Pero en la medida en que se plantean miradas críticas respecto al funcionamiento del mercado y de la lógica capitalista, la política y el Estado, junto a las clases, grupos y movimientos sociales son dimensiones cada vez más ponderadas en los enfoques y estudios de otra naturaleza. Cuanto  mayor es la crítica al mercado, más importancia se otorga al rol de la política y al Estado en el análisis del capitalismo.

 

Respecto al Estado, podemos señalar que la mayor parte de los autores acuerdan que es la organización política que monopoliza el uso de la violencia, garantizando así, mediante la coacción el orden social. Pero se diferencian en abordajes analíticos divergentes cuando se observa su papel respecto del mercado y de la importancia de la política tanto para su evolución como para su regulación, entre otras dimensiones relevantes.

 

En las ciencias sociales, las distintas teorías nacidas entre los siglos XVII y XIX partían de problemas comunes, pero se diferenciaban en sus principios y en sus derivaciones analíticas. El trabajo humano y la división social y técnica del trabajo eran los elementos constitutivos del orden social y político. Estos elementos, de acuerdo a como se irían estructurando, darían lugar a un determinado orden social y político. El tradicionalismo feudal y seglar se opone a esta lógica, planteando la vuelta a las jerarquías sociales en donde el sistema de valores asignaba al trabajo un rol secundario.

 

La reforma luterana y el creciente racionalismo van moldeando un nuevo orden valorativo en donde el trabajo, en el sentido de la “profesión-vocación” se constituye en la actividad central del hombre y en la actividad social central.

 

En los orígenes del capitalismo, se observaron visiones optimistas y utópicas acerca del futuro de las sociedades. Éstas se fundamentaban en los nuevos derechos políticos y civiles de las democracias nacientes y en la creencia del positivismo científico. La Primer Revolución Industrial destruye el empleo rural y pauperiza al proletario con extensas jornadas de trabajo y salarios que no cubren sus necesidades de vida. Esto genera, por parte de amplios sectores sociales, fuertes oposiciones al nuevo orden social. Estos movimientos fueron duramente reprimidos por la nueva organización política del Estado-Nación y, en especial, en su versión conservadora, el Estado Absolutista.

 

La nueva sociedad capitalista es analizada críticamente por la teoría marxista y durante el congreso dela Primer Internacionalde Trabajadores de 1861, en donde Karl Marx expone el Manifiesto Comunista, pregonando un modelo social superador al capitalismo, pero en donde el trabajo y la ciencia continuarían constituyéndose en elementos centrales de la nueva sociedad.  Sólo Paúl Lafargue plantea el “derecho a la pereza”, es decir, el derecho al no trabajo de los proletarios frente a un modelo económico que los “sobre-explota”.

 

 

El optimismo acerca del futuro se potenció, luego de 1870, gracias al predominio del mercado mundializado autorregulado y del positivismo científico. Incluso en las visiones anticapitalistas pregonaban un futuro superador para la humanidad, el trabajo mantendría su relevancia central. En la última fase del “Siglo de las Luces” comenzaron a aparecer las visiones pesimistas, que se profundizaron a partir dela Primer GuerraMundial yla Crisis Mundialde 1929. Las advertencias de Weber y Polanyi no formaron parte de la “agenda política” de la época. Pero la crisis del capital y la aparición del desempleo “involuntario”, como lo definiera Keynes, junto a la transformación dela Revolución Bolcheviqueen el Estalinismo planificador y el surgimiento de los gobiernos fascistas revalorizaron posteriormente las advertencias acerca de los peligros del mercado autorregulado, la racionalidad científica y la consiguiente burocratización de los aparatos del Estado y de las empresas. Luego de estas crisis los derechos sociales, económicos y sociales comenzaron a predominar entre los reclamos ciudadanos.

 

La Segunda GuerraMundial demostró que la lógica instrumental del racionalismo científico y burocrático puede conducir a la destrucción de la humanidad. El nuevo orden bipolar de pos-guerra tuvo como denominadores comunes, junto a la potenciación en la aplicación de esta lógica científica, la construcción del Estado-Plan. En materia del empleo, mejoraron en la pos-guerra las condiciones de vida en ambos modelos, pero tuvieron en común la división entre el trabajo intelectual y manual, la subordinación del trabajo humano a los procesos tayloristas de trabajo y a la cadena de producción fordista y su inherente rutinización de tareas y subordinación al maquinismo. El asalariado, frente a las mejores condiciones de vida, subordina sus condiciones psíco-biológicas a la regularidad del tiempo económico y burocrático. En los países desarrollados se creía aún que el denominado Estado de Bienestar iba a permitir amalgamar el derecho al no trabajo mercantil y la reducción de la jornada de trabajo. En tanto, en el socialismo real la cadena fordista-taylorista, junto a la planificación estatal, permitirían un mejoramiento constante del progreso humano. También se creyó que la convergencia entre los países desarrollados y los subdesarrollados eran posibles, gracias a los avances científico-técnicos y a la racionalidad burocrática-mercantil. Este modelo, en su máxima expresión, significaba la imposición de los límites regulatorios de los mercados y la protección al trabajo y a la tierra, tal como lo había reclamado Polanyi medio siglo antes. Durante esta etapa histórica, se comienzan a generalizar los derechos al ambiente y de las minorías sociales.

 

La década de los años 70 significó el retorno de la incertidumbre frente al futuro del hombre. Se abrió un prolongado período de crisis que significó el principio del fin del fordismo y del socialismo real. Es el fin del Estado –Plan y de Bienestar y del empleo asalariado para todos. Aún más, quedaron demostrados los límites de la convergencia en el desarrollo entre los países centrales y los subdesarrollados e incluso para varios autores, su imposibilidad.

 

El Neoliberalismo y las nuevas tecnologías impusieron la desregulación estatal en los mercados de bienes y servicios y en el empleo. Es una vuelta ala Segunda RevoluciónIndustrial (1870-1914), pero sin inclusión laboral de calidad para el conjunto de los potenciales trabajadores. En esta concepción teórica, el Estado debe tener una política económica activa para des-regular los mercados y para garantizar las distintas formas de la propiedad.

 

En las ciencias sociales comienzan a aparecer teorías que plantean el fin de los paradigmas. La lógica del empleo y de la división social del trabajo ya no son los elementos centrales y constitutivos de la sociedad. Es fin de la “modernidad” y el surgimiento de la post-modernidad. Así como la globalización muestra una heterogeneidad divergente en el modelo capitalista-laboral, político-estatal e institucional y social, los modelos analíticos reflejan la falta de uniformidad en sus principios comunes.

El problema del predominio de estas visiones, y en especial de las que ponen énfasis en las meso-variables (neo-institucionalismo), es como adaptarse a la lógica neo-liberal. En cambio, el empleo asalariado pleno y regulado aparenta llegar a su fin. El desempleo estructural y la sobrepoblación en los países subdesarrollados son la nota del nuevo modelo. El neo-taylorismo, junto a la flexibilidad laboral contractual, se impone en un número creciente de países. En cambio, los modelos con alta capacitación y altos salarios vinculados a los modelos productivos destinados a la alta gama de los mercados parecen estancarse.

 

En forma similar a la primera mitad del siglo XIX, el Estado parece replegarse a su función esencial, que es el monopolio de la violencia, con la contradicción de la vigencia de las tradiciones de los derechos políticos, económicos-sociales, ecológicos y de los pueblos. La política se contradice y se debate, frente a la dualización social, entre el mantenimiento del orden social y la vigencia de los derechos civiles, económicos y sociales. En tanto, las concepciones  mercantiles muestran homogeneidad teórica-práctica acerca del rol del Estado en el diseño y aplicación de las políticas económicas y laborales.

 

Nuevamente, al igual que en el siglo XIX, el trabajo vuelve a ser un factor económico en donde la preocupación política acerca de las condiciones de vida de los asalariados y de los excluidos parece decrecer y sólo las nuevas formas de conflictividad social parecen formar parte de la agenda política.

 

La incertidumbre acerca del futuro de las personas y de las familias parece ser similar a como lo fue en los orígenes del capitalismo. La política está preocupada por el orden y la organización social, el Estado se limita a ser garante de ese orden, el mercado sigue preocupado sólo por las tasas de ganancias y el empleo asalariado se limita a defender sus decrecientes posiciones.

 

Los cuatro siglos de desarrollo del capitalismo moderno coinciden con un Estado que siempre mantuvo el monopolio de la coerción adaptando sus políticas económicas a las distintas fases de acumulación del capital. Así como Polanyi planteaba que el predominio del mercado autorregulado fue producto de la política, Keynes reivindicó la política económica como reguladora de los ciclos económicos en los años treinta, Friedman declamó la política de desregulación de los mercados, y sus sucesores neo-institucionalistas creen en la eficiencia de la calidad institucional para el desarrollo del mercado y de la sociedad. Las diferencias esenciales parecen centrarse en el papel de la política tanto como para producir modificaciones de alcance parcial como estructural, y/o tanto a favor del capital como del empleo.

 

Las divergencias centrales se plantean respecto de los modelos sociales futuros y del papel del trabajo humano como elemento constitutivo de la sociedad. En este sentido, no sólo se destruye la calidad de vida de los trabajadores alcanzada durante el fordismo y de la sociedad asalariada del Estado Benefactor. Ahora, la expulsión del mercado de trabajo, la flexibilidad contractual y salarial, junto a los nuevos procesos de trabajo, implican para los asalariados un retroceso histórico con implicancias futuras imprevisibles hasta el este momento.

 

Así, en el nuevo milenio, solo cabe esperar para las mayorías, la des-asalarización, una creciente flexibilidad laboral, creciente heterogeneidad y diferenciación social y por consiguiente menor integración social, junto a nuevos límites a las tradicionales capacidades soberanas del Estado Nación.

 

En este trabajo pretendemos pasar revista de las principales etapas históricas y teóricas del Estado Capitalista y del trabajo humano según la visión de relevantes autores, tanto clásicos como actuales. Hemos dividido al estudio en tres etapas históricas y teóricas acerca del Estado y de sus roles regulatorios. Ellas son el Estado Mínimo, el Estado Plan y de Bienestar y el Neoliberal. Para cada etapa analizamos las principales concepciones acerca del trabajo humano pretendiendo demostrar la importancia que la organización política tiene en la actividad laboral, e indirectamente a través de ésta, en la concepción del hombre y de su destino social.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DEL ESTADO “MÍNIMO” AL ESTADO-PLAN

Del trabajo precapitalista al trabajo-mercancía

 

 

Durante el incipiente desarrollo del capitalismo mercantil y financiero, entre los siglos XV y XVIII los mercaderes y financistas posibilitaron la creación de las organizaciones e instrumentos que favorecieron la acumulación inicial del capital. Los mercados, bancos y las primeras sociedades anónimas precedieron a la manufactura en Europa (Sée 1961).  En la primera fase dela Revolución Industrialgracias a las Revoluciones Americana y francesa (burguesas), los Estados democráticos cobraron entidad universal suprimiendo al orden feudal. La ciudadanía y los problemas de la representación política cobraron entidad mundial. Se cuestiona al orden social estamental jerárquico y se lo comienza a reemplazar por la concepción del individuo-ciudadano y por la representatividad del poder “popular”. Los derechos políticos coinciden con la concepción del hombre individuo-racional-productor.

 

Entre la Primer Revolución Industrial (1750-1850) y la Segunda Revolución Industrial (1870-1914) se abre un proceso de conflictividad obrera que pone en cuestión al “orden capitalista”. Las revoluciones de 1848 y 1871 en Francia, las revoluciones campesinas en Europa y la creación en 1864 de la Asociación Internacional de Trabajadores (Primera Internacional de Trabajadores) muestran no solo la resistencia al nuevo orden, sino que también plantean la posibilidad de un cambio social superador del dominio capitalista burgués. Hasta entonces, los anarquistas (y hasta principios del siglo XX) pregonaban la destrucción del Estado como cuestión necesaria para construir un nuevo orden social. A partir del Manifiesto Comunista presentado en 1864, Karl Marx plantea la necesidad de capturar al Estado para imponer una Dictadura del Proletariado capaz de reemplazar al orden burgués.

 

Estos conflictos abren el dilema de la igualdad jurídica de los ciudadanos y de la desigualdad económica y social de los “ciudadanos-trabajadores”. También, retoman la polémica iniciada por los jacobinos entre la democracia directa e indirecta. Esta fase histórica significa el inicio en la construcción social de los derechos laborales y sociales, al cuestionarse las desigualdades entre los asalariados y los dueños del capital.

 

El fracaso de la Comuna de París en 1871 marca el inicio de la construcción política de la “Pax Europea” que posibilita, hasta 1914, que el mercado “autorregulado” se expanda a nivel mundial, completando la denominada fase de dominio colonial de las potencias industriales. La Segunda Revolución Industrial y su consiguiente progreso técnico posibilitan un enorme crecimiento de la riqueza económica mundial. El hombre mediante la razón domina la naturaleza y construye un nuevo orden social. En la periferia europea (Alemania, Rusia, el Imperio Austro-Húngaro, etc.) se construye el “capitalismo tardío”, combinado con formas de dominación política predemocráticas con fuerte intervención estatal en el desarrollo económico (Gerschenkron 1968). En tanto, se consolida el sindicalismo obrero y los partidos marxistas comienzan a predominar por sobre el anarquismo. Las formas nihilistas de lucha política se centran en los regímenes de dominio absolutista. La socialdemocracia de raíz marxista comienza a predominar en Inglaterra, Alemania, Francia y posteriormente en Rusia.

 

La Primera Guerra Mundial no solo pone fin a la paz y al orden mundial, sino que muestra que el progreso técnico puede también destruir al hombre y al proceso civilazatorio. Si bien esto ya se había verificado en la periferia colonial, se consideraba que el orden capitalista-positivista, al destruir el antiguo orden permitiría incluir a las colonias en el progreso. La guerra no solo pone fin al acuerdo de las potencias industriales y financieras en el reparto de los mercados mundiales, abre el proceso a los conflictos que cuestionan el orden burgués y en la periferia al orden imperial.

 

En Rusia, la socialdemocracia marxista se divide entre los mencheviques y los bolcheviques. Estos últimos toman el poder e instauran la “Dictadura del Proletariado” poniendo fin a la monarquía absolutista y autócrata. Instauran en la primera fase la organización de los “Soviets” de obreros, campesinos y soldados recobrando la idea de la democracia directa planteada por los jacobinos enla Revolución Francesa.Simultáneamente, en Alemania cae la monarquía y los soviet socialdemócratas y espartaquistas comienzan a dominar las principales ciudades y regiones fisurando la unidad de las fuerzas armadas. Si bien los espartaquistas al igual que los bolcheviques pierden las elecciones para la conformación de las respectivas asambleas constituyentes, para aquéllos significa el fin del consenso político y terminan derrotados por la represión de los sectores conservadores y socialdemócratas. En cambio, los bolcheviques, apelando a la lucha armada mantienen el poder y tras cuatro años de una costosa guerra mundial y civil (1918 a1922) imponen el Gobierno de los Soviets. La derrota espartaquista pone fin a la idea de la revolución del proletariado mundial. Lenin propone la nueva política económica (NEP) frente al empobrecimiento y descontento popular que origina la crisis de 1921 y la subordinación de los soviets y los sindicatos en el Partido Comunista.La Tercer Internacionalconcuerda en el papel del partido como vanguardia de la revolución. La toma del Estado mediante la lucha armada originada en la insurrección popular y la conspiración política (León Trotsky) va a predominar en la concepción estratégica de la lucha política marxista. La muerte de Lenin abre la discusión acerca de la consolidación de la revolución en un solo país priorizando el crecimiento y el desarrollo económico, preconizada por Josef Stalin y la prosecución de la prioridad de la revolución mundial planteada por Trotsky.

 

Así, la guerra mundial y la primera revolución marxista terminan durante la posguerra, en la división de las concepciones socialistas entre los socialdemócratas, los comunistas estalinistas y los trotskistas. Mientras la revolución se consolida en un “solo país” en varios países europeos la crisis facilita el surgimiento de los movimientos políticos fascistas. Estos se nutren por un lado del tradicionalismo conservador europeo y por combinaciones particulares de las concepciones liberales y socialistas. Mientras que en los casos de Portugal y España el fascismo se caracteriza por el tradicionalismo conservador en donde la Iglesia Católica mantiene un claro predominio ideológico y una participación decisiva en el diseño de las políticas, en Italia el fascismo se tiñe en una primer fase, de las ideas socialistas y sindicalistas, al igual que en Francia. El nacionalsocialismo alemán que toma el poder en 1933, en cambio, combina en forma muy peculiar el tradicionalismo germano con ideas socialdemócratas y liberal-capitalistas. Al igual que en la Italia de Mussolini, el nazismo privilegia al Estado conducido por el partido como el instrumento de dominación y de intervención económica y social. De modo similar, se entiende a la Nación como una entidad étnica-cultural independiente de los límites políticos establecidos. Pero a diferencia de los fascismos tradicionalistas, en estos dos casos, las grandes empresas monopólicas y la “racionalidad eficientista” de la ciencia y la tecnología propias del capitalismo decimonónico, junto a la burocracia racional estatal, predominan en el diseño e implementación de las políticas. En este sentido, al igual que en el estalinismo, la política y el Estado junto a la ciencia y al eficientismo económico se combinan para diseñar un nuevo orden social en donde el hombre individuo se subordina a los dictámenes del Estado y a las necesidades económicas. La política subordina los derechos del individuo-ciudadano al derecho del “Estado y de la comunidad étnica-cultural”.

 

Las concepciones teóricas

 

Para John Locke, que parte de una concepción ahistórica, el individuo y la economía son anteriores al Estado. La política se expresa en el acto fundacional del contrato social que garantiza la seguridad de las personas, la propiedad y el funcionamiento de las relaciones económicas. El Estado sólo debe garantizar el orden social y no debe intervenir en las relaciones económicas entre los hombres. Se le delega al Estado el derecho propio de los hombres a la justicia y al mantenimiento de la paz. Pero los ciudadanos pueden rebelarse contra las autoridades cuando estas vulneran el pacto social afectando los intereses de los individuos y propietarios. El poder sólo debe garantizar el pacto social y jamás vulnerarlo interfiriendo en la vida económica de los hombres.

 

Karl Marx cuestiona al capitalismo y define al Estado capitalista como una organización política entendida como instrumento de la dominación de la burguesía sobre el conjunto de las clases y categorías sociales. Monopoliza la violencia para garantizar el orden social en una sociedad caracterizada por el conflicto de clases entre los productores y los propietarios del capital. En este sentido, las relaciones sociales de producción se expresan en el orden político. Las clases dominantes monopolizan el poder y las clases subalternas mediante la lucha política de clases lo cuestionan y pretenden su reemplazo. Al igual que Weber, Marx señala la importancia del derecho romano en la etapa fundacional del capitalismo moderno y de la ley como la institución política ordenadora del orden social y económico en las sociedades modernas. Para Marx, el Estado “completo” es el Estado liberal o sociedad política y lo diferencia de las modalidades absolutistas en donde la nobleza y las iglesias manifiestan desempeños decisivos. El Estado burgués o capitalista “en su forma completa” es un orden político democrático que se basa en la igualdad jurídica de los ciudadanos, pero que encubre las desigualdades sociales que se presentan en la sociedad civil y, en especial, en la esfera de la producción. Los derechos civiles propios del Estado democrático son cuestionados por Marx porque garantizan las condiciones necesarias para la reproducción del capitalismo y de la desigualdad social. El derecho a la igualdad jurídica de los ciudadanos y sus libertades políticas, junto al derecho a la propiedad y a la seguridad de las personas y de sus bienes, reproducen los intereses de las clases dominantes. El Estado garantiza la vigencia de estos derechos manteniendo y reproduciendo así la desigualdad social de clases y el funcionamiento de los mercados.

 

En el capitalismo, a diferencia de las etapas históricas anteriores, la economía ya no sólo es una dimensión dominante en última instancia para entender como se estructuran las sociedades, es ahora además la predominante. El funcionamiento de la sociedad capitalista moderna, tanto en la esfera material como en la simbólica, se explica por las relaciones mercantiles que abarcan, desde el siglo XIX, a todas las esferas humanas y sociales. Así como el fetichismo de la moneda encubre a las relaciones sociales de producción, la igualdad ciudadana encubre la desigualdad social. Marx rescata el papel de los capitalistas como innovadores y agentes del desarrollo de las fuerzas productivas. Es una clase dominante, que mediante la propiedad garantizada por el Estado, se apropia del plusvalor de la fuerza de trabajo, lo cual permite por primera vez en la historia un proceso de acumulación del capital creciente y mundial. La acumulación del capital permite generalizar el consumo de los bienes, restringidos durante el feudalismo a las clases privilegiadas, a capas sociales cada vez más amplias, pero, contradictoriamente, ese plusvalor originado en el trabajo asalariado es apropiado en términos relativos, en mayor medida por los propietarios, que por los productores, generando una brecha entre “ricos y pobres” cada vez mayor. Para Marx la superación del orden capitalista implica la abolición del Estado democrático liberal y la supresión de la lógica mercantil implica la eliminación de la política entendida como instrumento de la dominación social.

 

Max Weber plantea que, si bien existe cierta autonomía del Estado respecto al funcionamiento del mercado capitalista hay una íntima vinculación entre el desarrollo histórico del capitalismo y el del Estado moderno. El protestantismo ascético que generó el concepto de la profesión-vocación, junto al posterior dominio del racionalismo científico, contribuyeron, según Weber, al desarrollo del capitalismo moderno. Otro aspecto central en su análisis vincula el desarrollo del capitalismo al mercado mundial y a la burocratización de las organizaciones privadas y políticas.

 

La creciente burocratización en el capitalismo, para Weber, limitará cada vez más la libertad del hombre aprisionándolo en una estructura cada vez más asfixiante, en tanto el Estado socialista, lejos de liberar al hombre, al acrecentar la burocracia solo agravará la cuestión. Sin embargo, para el autor, la burocracia es fundamental para el desarrollo de capitalismo moderno ya que “racionaliza” las actividades humanas y sociales. El cálculo y la eficiencia son centrales para el desarrollo de los negocios (el tiempo es oro). De ahí que, para Weber, la mayor evolución de los mercados capitalistas implica la creciente burocratización pública y privada y la limitación de la libertad humana.

 

Esta vinculación entre el capitalismo y el Estado burocrático requieren de una autoridad legal-racional. El Estado es en este sentido un orden jurídico reglado que busca eliminar los privilegios estamentales. La violencia sólo se utiliza en última instancia, “cuando falla todo lo demás”. De ahí que la legitimidad de la autoridad sea un aspecto  central para la administración del poder. El Estado moderno se compone, además de una burocracia de funcionarios cuyas acciones están prescriptas por un orden normativo en el cual las personas están separadas de sus cargos. El puesto de trabajo normado define el perfil “racional” de la persona que lo debe ocupar. Este tipo de Estado promueve, según Weber, una mayor igualación y democratización, pero presenta el peligro de que el orden jurídico y la mayor burocratización sean más autónomos y más arbitrarios a lo observado en etapas históricas anteriores al capitalismo moderno. La autoridad carismática puede generar etapas de ruptura en este proceso de mayor burocratización, significando cambios importantes, al facilitar las innovaciones político-burocráticas del aparato estatal. Pero una vez desaparecida la autoridad del líder, este es reemplazado por una nueva burocracia.

 

El capitalismo moderno comprende un fenómeno en el cual la profesión-vocación, el cálculo y la autoridad legal-racional forman parte del mismo proceso histórico en occidente y el racionalismo y la burocratización abarcan, cada vez más, a casi todas las esferas de la vida humana moderna. Si bien existe, en los países del capitalismo central  una mayor democratización respecto a las etapas históricas anteriores, la libertad del hombre se encuentra cada vez más limitada por el racionalismo y la burocratización.

 

La concepción lockiana es criticada por Karl Polanyi, al definir que el predominio del “mercado autorregulado” existente en la segunda mitad del siglo XIX hasta 1930 es, en realidad, producto de la política y del Estado liberal y no solo resultante del funcionamiento libre del mercado. Polanyi otorga a la historia un rol central en su análisis y establece una íntima relación entre la entente mundial de la paz europea” de la última mitad del siglo XIX en el desarrollo del mercado mundial y autorregulado. El Estado liberal contribuyó a destruir las formas feudales que trababan el desarrollo de los mercados capitalistas y el acuerdo entre los Estados europeos garantiza la paz necesaria para el desarrollo de los negocios y, en especial, de las finanzas. Pero, en este sentido, la originalidad de su enfoque radica en que la política puede tener un doble carácter. Así como puede promover la lógica mercantil, también puede poner límites al avance de las relaciones mercantiles que están afectando todas las esferas de la actividad humana. La tierra, el trabajo y el dinero, mercantilizados desde la primer Revolución Industrial, pueden -en cierto sentido- desmercantilizarse mediante la política y el accionar del Estado. Es importante observar que, para Polanyi, a diferencia de otros autores, el trabajo y la tierra son mucho más que factores de la producción, motivo por el cual la política debe protegerlos. Esta concepción dará lugar -durante el siglo XX- al desarrollo del denominado Estado de Bienestar y a las políticas públicas de amparo al trabajo humano y de protección de la tierra, ambos entendidos como bienes comunitarios. Este autor concibe, a principios del siglo XX, a la economía autorregulada y a la política liberal como dimensiones centrales que explican el orden mundial dominante desde la segunda mitad del siglo XIX. La política y la economía no se limitan, desde entonces, sólo a los Estados-Nación, sino que son fundamentales en el entramado mundializado. Otro, aspecto central de su estudio se relaciona con el papel del trabajo. Este no es solo un factor de la producción, es además una actividad humana con connotaciones personales y sociales. Las relaciones mercantiles no abarcaron y no abarcan a todas las relaciones sociales. Existen actividades humanas que son distintas a las relaciones mercantiles. La mercantilización creciente solo podrá generar un futuro negativo para el hombre, y si la política solo promueve esta lógica, el futuro del hombre será desesperanzador. Sólo una acción política que imponga límites a la lógica mercantil podrá garantizar un espacio para el hombre distinto al que le depara el mercado.

 

Desde otra perspectiva, Keynes y Schumpeter centran sus enfoques en una concepción vinculada al desarrollo de los mercados capitalistas y a la política como un instrumento que puede garantizar el mejor funcionamiento de los mercados y del futuro del capitalismo. Estas nuevas concepciones teóricas fueron concebidas en una fase histórica caracterizada por un capitalismo industrial mundializado ya consolidado, pero “detenido” por la crisis mundial iniciada en 1929.

 

Para John M. Keynes, el mercado autorregulado o de libre competencia no puede resolver por sí sólo los desequilibrios de la crisis y el desempleo, como se pensaba en forma predominante hasta la década de los años treinta por parte de la escuela económica neoclásica. El desempleo intermitente, característico de las etapas de crecimiento económico, que pasa a ser desempleo involuntario en las crisis de largo plazo, requieren, según el autor, de la intervención estatal. El Estado debe intervenir regulando el mercado financiero y las tasas de interés y aumentando la demanda agregada mediante la inversión (obras públicas y subsidios). Esto permitiría retornar al círculo virtuoso del crecimiento y al aumento del empleo. El Estado no debe ser productor, pero si favorecer a estos. Keynes es un crítico tanto de los capitalistas financieros como del socialismo. La política económica es -para Keynes- la nueva función estatal y la distribución de los ingresos y el pleno empleo los nuevos objetivos del capitalismo moderno. Si bien el trabajo es principalmente un factor económico, éste centra su preocupación en el pleno empleo pues lo considera tanto un garante del crecimiento económico como de la paz social. De no ser así, el desempleo involuntario no sólo no podría ser resuelto por el mercado, (manteniendo así la recesión económica), sino que podría poner en peligro al orden capitalista.

 

J. Schumpeter centra su estudio en el papel dirigencial del capitalista moderno y en la crisis de la década de 1930. Plantea que los capitalistas del siglo XIX cumplieron un papel histórico innovador. Éstos desarrollaron grandes empresas e innovaron en su organización y en el desarrollo tecnológico. Ello hizo posible el desarrollo del capitalismo en esa etapa histórica. Coincide con Weber en que se está, en la primera mitad del siglo XX, en una fase de mayor burocratización de las empresas, por lo cual su futuro peligra. Ya no hay espacio para la innovación y el progreso, porque ha dejado de existir el compromiso propio de los capitanes de industria, por parte de sus “nuevos propietarios” (accionistas y gerentes) y de sus trabajadores, ya que éstos no perciben a las empresas como “propias”. Para Schumpeter esta burocratización empresarial que terminaría por agotar sus capacidades innovadoras sólo podría resolverse por una clase política distinta a la de sus propietarios. Para este autor, el viejo estamento aristocrático estaría en condiciones de reemplazar a los capitanes de la industria, ante la supuesta incapacidad de los capitalistas para dirigir al conjunto social. Schumpeter plantea una perspectiva negativa acerca del futuro del capitalismo y de su relación con la política. La aristocracia, propia de etapas históricas anteriores, debería insertarse en la política para resolver los problemas de un capitalismo moderno que estaría agotando su capacidad innovadora. Por otra parte, el autor interpreta que el socialismo es un modelo negativo para la innovación tecnológica. Destaca el papel innovador del capitalista moderno, entendido como dirigente y actor transformador e innovador de la economía y de la sociedad en su conjunto, y del trabajador industrial como el otro actor central en las nuevas aplicaciones tecnológicas, pero es “pesimista” de su visión respecto del futuro. En este sentido, ya a principios del siglo XX, la burguesía industrial, para el autor, ha perdido el rol de “clase dirigente” de la sociedad, en tanto su posible alternativa histórica, -el socialismo-, sólo presenta posibilidades aún más negativas. En este sentido, al igual que plantea Max Weber, la burocracia sólo puede conducir a la decadencia del sistema. Para Schumpeter, la burguesía industrial es una clase dirigente, en la medida que tiene capacidad de innovación y, de no ser así, las clases tradicionales, entendidas como la “vieja aristocracia”, serían las que deberían reemplazarlas, frente a un modelo socialista aún menos innovador. Esta concepción, desde una perspectiva histórica y política, justifica un orden conservador en donde una élite precapitalista y tradicional, desde el Estado, puede sustituir la ya agotada capacidad innovadora tecnológica de los capitalistas y de sus trabajadores.

 

Tanto para Marx, como para Weber, existe una relación directa entre el desarrollo del capitalismo y del Estado democrático, pero muestran importantes diferencias en los conceptos de clase, poder, dominación y legitimidad. Mientras, para Marx la abolición del capitalismo significarán la verdadera igualdad y libertad, para Weber el futuro, por el racionalismo, la mercantilización y la burocratización es una limitación a la libertad del hombre. Keynes y Schumpeter centran su análisis en la importancia de la política para garantizar la existencia del capitalismo frente a los ciclos recesivos y a su capacidad de innovación. Polanyi plantea un escenario más complejo, en donde no existe una progresiva linealidad entre mayor mercantilismo y libertad humana. Es un escenario abierto, que sólo podrá ser resuelto por la política ante la creciente mercantilización de las relaciones sociales y humanas.

 

 

 

La cuestión del futuro

 

En su contexto histórico, los autores mencionados tienen diversas visiones acerca del futuro. Podríamos considerar que entre los problemas centrales que ellos plantean se destacan el futuro del hombre, del capitalismo y de la política. En principio, podemos considerar que hay dos criterios centrales entre los autores acerca de esta cuestión. Uno, se relaciona con el devenir del capitalismo moderno y otro a la construcción, a partir del fin del capitalismo, de una sociedad comunista. Pero, a pesar de las perspectivas divergentes, el liberalismo y el socialismo visualizan al futuro con un excesivo optimismo. La visión positivista-cientificista impregna la visión del hombre como dominador de la naturaleza y como constructor de un progreso técnico que hará posible la construcción de una sociedad en donde la riqueza económica hará posible la armonía social. En este sentido, tanto Locke como Marx, muestran optimismo acerca del futuro del hombre y de la sociedad desde perspectivas cualitativamente divergentes. El resto de los autores Weber, Schumpeter, Polanyi y Keynes, que estudian el problema en pleno desarrollo del capitalismo moderno y de las crisis que lo caracterizan,  centran su prospectiva desde una visión pesimista o crítica acerca del funcionamiento del sistema económico y de los peligros que pueden acechar al hombre en el futuro.

 

Respecto a los autores que centran su postura en el devenir del capitalismo existen divergencias ideológicas y analíticas. También, salvo en el caso de Locke, estos autores plantean y analizan aspectos que consideran “negativos” respecto al funcionamiento de la sociedad capitalista.  Weber y Schumpeter concluyen en una visión “pesimista” acerca del futuro cercano, tanto respecto al capitalismo como a la sociedad o modelo socialista. En tanto, Polanyi y Keynes proponen soluciones para atemperar los aspectos negativos del capitalismo moderno. Marx centra su análisis en el funcionamiento de la sociedad capitalista planteando su futura crisis y abolición. A partir de ese momento se construiría primero el socialismo o dictadura del proletariado y posteriormente el comunismo.

 

Respecto al papel de la política y la construcción del futuro también se observan criterios diferenciados. Para Locke el futuro de la sociedad implica que la política no interfiera en la vida privada de los hombres y no ponga límites al funcionamiento de la economía. Marx en cambio, otorga un papel central a la política. La lucha de clases política es decisiva para abolir al capitalismo y construir el socialismo. Para Polanyi, Weber y Keynes la política es importante en la medida que pueda reparar los aspectos negativos del funcionamiento del capitalismo y del “racionalismo mercantil”.

 

Otro aspecto central acerca de la visión acerca del futuro está íntimamente relacionado con la concepción acerca del hombre y de la libertad. Respecto al hombre, en un sentido filosófico y antropológico, se observan diferencias en cuanto a la relevancia en sus análisis y en cuanto a su rol en la sociedad y en la construcción del futuro. Desde perspectivas diversas se define al hombre como individuo, ciudadano portador de derechos, productor y con capacidad de “libre albedrío” y constructor de su futuro. Pero el hecho fundante es el del individuo productor-ciudadano capaz de ejercer cierto dominio acerca de su devenir. A partir de esta premisa, se abren las diferencias conceptuales acerca de la relación del hombre con la economía, la sociedad y la política. Mientras que para Locke el hombre-individuo es la entidad central de la sociedad, para Marx, Durkheim y Weber la identidad individual se explica por su pertenencia a las clases, los estamentos, las categorías y por su ubicación en la división social del trabajo. Por otra parte, Schumpeter retoma el tradicionalismo europeo al destacar el papel directivo de las élites. En cambio, Keynes si bien privilegia el rol del hombre como factor de la producción en un sentido amplio, tanto como fuerza de trabajo y como capitalista, también señala que las dimensiones sociales y políticas resultan en factores centrales en la fase de crisis capitalista para hacer posible su resolución o su agravamiento. Una nota innovadora es la que presenta Polanyi. Su sesgo antropológico revaloriza las dimensiones de la cultura  y de la relación del hombre con la naturaleza. En pleno predominio del positivismo y de la ideología del orden y del progreso que caracterizaron en especial, a la segunda revolución industrial, este autor pone énfasis en su análisis en las consecuencias civilizatorias negativas que implica el desarrollo de la lógica mercantil para la cultura y el futuro del hombre. En este sentido retomaría la tradición del Romanticismo Alemán que al cuestionar la “razón” pone énfasis en la “pasión” y la naturaleza frente a las ideas de la ilustración.

 

Otra dimensión acerca del futuro se relaciona con la visión que tienen los autores respecto a la cuestión de la libertad. En este sentido, todos los autores, salvo Marx, vinculan la libertad del hombre al devenir del Estado democrático y del capitalismo moderno. Marx plantea que la libertad del hombre será posible solo en la sociedad comunista, una vez abolidas la propiedad, el Estado y todas las formas de dominación. Cabe aclarar que para este autor el capitalismo y la democracia son instancias “positivas” en el devenir histórico frente a fases históricas anteriores caracterizadas por el paternalismo, el esclavismo y la servidumbre. Podríamos pensar que para Polanyi la libertad sería factible en la medida que la lógica mercantil tenga claros límites y no invada las demás dimensiones del hombre.  Para Locke, en cambio, la libertad está vinculada a la economía y a la propiedad y está asegurada en la medida que la política no limite esas dimensiones. En cambio Weber y Schumpeter, desde distintas perspectivas, son pesimistas respecto al futuro de la libertad del hombre, ya que el capitalismo moderno la limita y el socialismo (burocrático) terminaría por aniquilarla.

 

El Trabajo Mercancía

 

Estos autores, contemporáneos al desarrollo del capitalismo moderno y del Estado liberal o “mínimo”, destacan en el hombre su entidad de productor u homo faber. Ya sea trabajador o capitalista, la profesión o el trabajo humano es el aspecto que lo distingue. Incluso Marx parte del principio de que “el hombre se relaciona con otros hombres cooperando mediante el trabajo para producir los bienes que puedan satisfacer sus necesidades”. Sólo Weber y Polanyi plantean dimensiones del hombre diferenciadas de su rol de productor, aunque no del todo distintas, partiendo en sus estudios de sociedades diferenciadas de la lógica mercantil de aquellas productoras del capitalismo moderno. Pero solo Polanyi  parece prever un futuro en donde además de hombres productores, existan otras alternativas no mercantiles en las relaciones sociales predominantes. Retoma de algún modo la tesis de Lafargue del derecho a la pereza del proletariado o los asalariados frente al rol de fuerza de trabajo asalariada que les depara a los hombres no propietarios la sociedad capitalista.

 

Weber, en la “Ética protestante y el espíritu del capitalismo”, destaca el concepto de la profesión – vocación surgida gracias al protestantismo ascético, en el desarrollo del capitalismo moderno. Este concepto va ha ser acentuado por el positivismo y el racionalismo. La racionalidad es una instancia que desvincula al hombre de la naturaleza y lo somete a una lógica productiva y científica que lo separa de los ciclos naturales. Las religiones protestantes cristianas que comenzaron a prevalecer en Europa durante el Romanticismo (coincidente con el desarrollo de las ciencias naturales y sociales) facilitaron el desarrollo de la lógica mercantil y de la concepción del individuo-ciudadano. Desde el punto de vista de los valores, incorporaron las concepciones racional-científicas, y desde la perspectiva social contribuyeron  a la “universalización” de la lecto-escritura y del cálculo. La Iglesia Católica reacciona con la Contra-Reforma y la fundación de la Orden Jesuita, la cual se destaca por el dominio del conocimiento científico y tecnológico. A partir de allí, el dominio del racionalismo y del conocimiento científico y la consiguiente ideología del dominio de la naturaleza por parte de la “razón” y de sus aplicaciones técnicas, van a prevalecer en la concepción del mundo del hombre occidental. Ejemplo: el reloj mecánico, invento de la sociedad capitalista, permite desvincular al hombre del ritmo natural, al pasar su actividad de una sociedad agrícola a una sociedad industrial y mercantil.

 

El trabajo mercantil, el ahorro y la acumulación, la riqueza con austeridad en el consumo personal y los “valores con arreglo a valores o a fines” van a constituir a partir de entonces las notas relevantes de la concepción del mundo del hombre moderno en occidente desde los siglos XVI a XIX. Como lo plantea lúcidamente Weber, en el origen del capitalismo moderno la pereza y el no trabajo, independientemente de las clases sociales, se consideraban “pecado y dilapidación del tiempo”.

 

Marx participa desde una perspectiva positivista de esta idea. Al margen de los aspectos positivos que tiene el capitalismo para Marx, en tanto desarrollo de las fuerzas productivas, producción masiva y acceso de las clases populares al consumo, el comunismo se relaciona a un modelo en el cuál el hombre “por la mañana trabaja, durante la tarde pesca y en la noche hace crítica literaria”. Esta cuestión, si bien plantea importantes diferencias respecto a la sociedad capitalista, no deja de centrar el análisis en la actividad del hombre. Marx profundiza el concepto de fuerza de trabajo ricardiano, al señalar que es la generadora del “valor” y por consiguiente de la acumulación del capital. Este valor que genera el obrero industrial es retribuido en forma de salario y el excedente apropiado por los propietarios del capital. De aquí, surge el concepto del trabajo alienado. La otra forma de la alienación es la subordinación del trabajo al maquinismo. Esta organización de la producción y del trabajo requiere además de la aplicación científico-técnica de una organización reglada que garantice la disciplina laboral.

 

Los siglos XVIII a XX se caracterizan por privilegiar el concepto del hombre productor. Pero en esta primer fase del capitalismo, aunque existieran, no eran relevantes desde el punto de vista de los valores sociales, la acumulación de riquezas, la sobre-explotación de los asalariados o el consumo de los estamentos privilegiados  El trabajo del productor mercantil (propietario o no) entendido además, como un innovador tecnológico y generador del ahorro en detrimento del consumo, y de la medición del tiempo y del dominio de la naturaleza que permite el desarrollo científico, son los valores  predominantes del hombre de la modernidad. El resto de los hombres que no se relacionan o incorporan directamente a la división social del trabajo, que es ahora un aspecto central de la constitución o fundación de la sociedad moderna, están al “margen de la sociedad”. No trabajar es un pecado, es no desempeñar un rol social, es ser un elemento antisocial o formar parte del lumpen – protelariado.

 

La profesión-vocación sustituye a las concepciones precapitalistas y se constituye en el fundamento moral del papel del capitalista y del obrero industrial en la nueva sociedad. Esta lógica se generaliza con la Primer Revolución Industrial. A partir de allí, se avanza gracias al maquinismo en la eliminación del trabajo de oficio. El saber y la “autonomía” en el proceso de producción que caracterizaba al trabajador de oficio se comienzan a sustituir por el trabajo parcelado no calificado. “Al sustituir al obrero profesional por el obrero masa recién inmigrado, no cualificado y sobre todo no organizado, el capital modifica, en favor suyo y por mucho tiempo el estado de conjunto de la relación de clases.” (Coriat 1991)

 

 

El Estado Plan y de Bienestar

Del “productor libre” a la sociedad salarial

 

El fordismo y el Estado-Plan keynesiano y específicamente el Estado de Bienestar marcan un período excepcional en la historia del capitalismo moderno. En los países centrales del hemisferio norte y en algunos países periféricos, este modo de producción logró notables avances en los niveles de vida de los sectores populares.

 

Los aportes de Keynes y Polanyi son contribuciones fundamentales como sustento de la conformación de un nuevo Estado capitalista denominado de Bienestar. Este presenta distintos matices de intervención frente al mercado. En uno, prevalece la intervención economicista y anticíclica, que da lugar al Estado Plan. En el otro, la “concepción no predominantemente mercantil” favorece el surgimiento de las políticas sociales universales del Estado de Bienestar. A ello contribuyeron directa e indirectamente, desde distintas perspectivas las visiones marxistas acerca del socialismo y las weberianas respecto a los límites de las democracias modernas.

 

La posguerra de 1918 inicia el predominio, en las democracias capitalistas, de las empresas monopólicas. En el socialismo estalinista y en el nazi-fascismo alemán e  italiano predominan el Estado, el partido y las empresas (estatales y privadas) monopólicas. Pero en todos estos sistemas políticos, tanto la ciencia y la tecnología como la burocracia estatal coincidían en la eficacia de los resultados y la eficiencia en el uso de los recursos. Los objetivos-resultados subordinan así al individuo-ciudadano-productor y sus derechos políticos y sociales al Estado Plan. Este modelo estatal, diseñado inicialmente por Bismarck en la segunda mitad del siglo XIX para equilibrar las diferencias sociales y expandir la economía, y fundamentado teóricamente por Keynes después de la crisis de 1930 para resolver el paro involuntario, va a fundamentarse en criterios comunes a la racionalidad económica ya señalada por los economistas neo-clásicos continuando la concepción de la ciencia como la actividad que podrá resolver todos los problemas del hombre y de la humanidad.

 

Como lo señala Benjamín Coriat (1991), el trabajador asalariado pierde su “oficio-saber” subordinándose al ritmo del cronómetro, a la parcelación de las tareas taylorista y a la cadena de producción masiva fordista. La ciencia y la tecnología logran así, aumentar la productividad del trabajo humano despojándolo a la vez, de sus saberes de oficio y sujetando definitivamente al hombre como entidad psíco-biológica a la eficiencia organizacional y a las necesidades de los objetivos productivos de las empresas y del Estado. El individuo-ciudadano-productor pasa a ser, desde la visión eficientista-tecnológica, un recurso humano o un factor de la producción.

 

Los valores económicos mercantiles dominan la concepción del mundo y se subordinan los valores políticos de los derechos ciudadanos al interés del “Estado”. A pesar de las diferencias de los regímenes políticos existentes, es uniforme la unidad en la concepción del Estado-Nación-Plan. El ciudadano se subordina a la clase o la masa y el trabajador se somete a la ciencia y al maquinismo. La razón predomina por sobre la libertad del hombre. Los modelos nazi-fascistas y el estalinismo construyen una nueva burocracia en donde la administración burocrática estatal y la organización del partido constituyen una unidad en donde la burocracia garantiza la eficiencia y el partido el cumplimiento de los objetivos políticos. La racionalidad científica, logra de este modo, la mayor expresión del dominio sobre la naturaleza, el hombre y el futuro. El Estado Plan combinado con el partido único sustituye con mayor cientificismo al régimen democrático-burgués. El ciudadano-productor se subordina a la concepción de factor de la producción planificada.

 

La crisis mundial de 1929-1930 pone fin al mercado autorregulado. La crisis mundial empobrece a las naciones y obliga a que el Estado asuma un rol interventor en el ciclo económico. La Segunda Guerra Mundial (1939-1945) va a significar la máxima expresión de estas concepciones. Los tres modelos políticos del Estado-Plan subordinan los intereses de sus individuos-ciudadanos al interés “general” del Estado. La racionalidad burocrática-científica va a culminar con los mayores crímenes contra los individuos y la humanidad.

 

El fascismo y el socialismo “real” plantearon duras alternativas al desarrollo del capitalismo mundial entre las décadas de los años veinte y treinta.La Segunda GuerraMundial facilitó el fin de los regímenes fascistas y el surgimiento de las nuevas organizaciones internacionales de regulación financiera mundial. A partir de este momento, se impone la concepción keynesiana del Estado Plan en el occidente capitalista y se comienza a conformar el Estado de Bienestar. En tanto, en los países del socialismo real se imponía la concepción del Estado Plan llevando a la máxima expresión el poder de la planificación racional tanto a la esfera económica como a la social y del taylorismo-fordismo en la esfera de la producción y del trabajo.

 

Robert Boyer (1989) define al fordismo como un “régimen de acumulación que se basa entre otros aspectos relevantes en: una organización del trabajo que, partiendo del taylorismo, lleva aún más lejos la parcelación de las tareas, la mecanización de los procesos productivos y una separación completa entre la concepción y la ejecución. El proceso dinámico entre la producción y la demanda se opera principalmente en un espacio nacional”.

 

El capitalismo logró en especial durante la posguerra, una enorme acumulación del capital y amplió los mercados de mercancías. Los trabajadores lograron durante una importante parte del siglo XX, un notable mejoramiento de sus niveles de vida o reproducción. El fordismo y el Estado Plan keynesiano pudieron resolver la crisis y generaron un excepcional período de “riqueza”. Pero también, debemos señalar que el Estado Plan mantiene su rol de policía, necesario para mantener el orden interno y el internacional. En este sentido también hay una correspondencia entre el orden nacional y el “orden del trabajo especializado”. Henry Ford también innovó en este campo. La ciencia y la tecnología volvieron a contribuir a la nueva fase de la acumulación del capital. Ford creó el Departamento de Sociología. Las ciencias sociales contribuyeron a este desarrollo capitalista mediante la economía política, necesaria para el desarrollo del Estado Plan y a la sociología que permitió organizar el control de la vida privada de los obreros. Las disciplinas vinculadas a la administración de los recursos humanos tuvieron en esta etapa histórica un vertiginoso desarrollo. La administración de los recursos humanos reguló el trabajo rutinario, especializado de ninguna especialización, subordinado a los ritmos “antinaturales de la cadena mecanizada” y el cumplimiento de la jornada de trabajo. Benjamín Coriat plantea que: “después de Frederick W. Taylor y Henry Ford, Keynes viene así a terminar el edificio. Tras la teoría y práctica de la producción en masa en el taller, la teoría y práctica del tipo de Estado y de regulación que le corresponden.” Y continúa: “El Estado-Plan keynesiano se construye así, entre policía y welfare, en un nuevo terreno de legitimación, la garantía más firme por lo demás del mantenimiento del equilibrio y del nivel de la demanda efectiva.” (Coriat 1991)

 

Al nuevo papel de policía estatal le correspondió un nuevo modelo de control de los trabajadores. El trabajador rutinizado, sin oficio, la división entre el trabajo intelectual y manual y el dominio del cronómetro (Coriat 1991) necesitaban de una administración que limitara y controlara sus efectos negativos. La fatiga, las enfermedades industriales y las enfermedades sociales (alcoholismo, automedicación, etc.) requerían del control para mantener la eficiencia de la cadena de montaje.

 

Este nuevo orden tuvo un límite. El sindicalismo y el accionar de determinados partidos políticos, en cada orden nacional, limitaron el nuevo disciplinamiento, e incluso, permitieron aumentar la calidad de vida de los trabajadores. Las luchas obreras lograron convalidar el convenio colectivo de trabajo, el salario mínimo, el control de las condiciones de trabajo y la defensa del salario real, entre los aspectos más relevantes. En este sentido las coaliciones políticas (y el sindicalismo) contribuyeron a que el nuevo salto de la acumulación capitalista beneficiara a un conjunto ampliado de los asalariados. (Offe 1990)

 

Como plantea Gosta Esping Andersen (1993), se debe analizar el impacto de las políticas en la distribución del ingreso y a la reproducción o no de la estratificación social en la conformación del nuevo orden estatal de bienestar. De allí que existan, para este autor, al menos tres modelos diferenciados de Estado de Bienestar. También señala un problema relevante al señalar que los beneficios que otorgan los diferentes aparatos del Estado en realidad son financiados principalmente por los mismos trabajadores asalariados.

 

El fordismo-taylorismo requiere de un Estado que aplique políticas económicas que permitan intervenir en los ciclos económicos recesivos y en la formulación de planes de mediano y largo plazo que reduzcan la incertidumbre respecto al futuro y garanticen la demanda efectiva para sostener el consumo de masas. Es la etapa de las políticas económicas de intervención y sus mecanismos de regulación de los mercados, en especial del mercado de trabajo, para garantizar la tendencia al pleno empleo de los factores de producción. (Keynes y Coriat)

 

Pero el nuevo modelo de acumulación fordista no requiere necesariamente del Estado Benefactor. Si bien este modelo de Estado es también una instancia de regulación de la economía y del empleo, sólo es posible su conformación por coaliciones político-sociales particulares  que lo hacen posible (Esping Andersen).

 

Todo Estado Benefactor requiere de un modelo de acumulación fordista –taylorista (hasta los años 70) y de políticas económicas keynesianas. Este razonamiento no es válido en sentido inverso. El fordismo requiere de un Estado keynesiano pero no necesariamente de un Estado Benefactor.

 

Definir un ejemplo de Estado keynesiano concreto no es sencillo. Los modelos anglófilos (Gran Bretaña y USA) pueden ser un ejemplo, pero si bien en estos estados predominan las políticas keynesianas, ellos poseen algunos aparatos estatales que podrían definirse como de bienestar, como en el  caso de los seguros de desempleo. El segundo New Deal, Inglaterra de 1930 y Argentina de esa década pueden ser ejemplos de keynesianismo que no beneficien directamente a los asalariados.

Claus Offe (1990) define al Estado de Bienestar como Estado de providencia y de policía. Tanto el Estado keynesiano y el de Bienestar mantienen los aparatos fundamentales del Estado capitalista que garantizan el monopolio de la violencia. El Estado policial, al igual que en el siglo XIX, continúa siendo el elemento común del Estado, a pesar de las diferentes modalidades de intervención en las esferas económica y social que se han ido conformando en esta fase histórica.

 

Pero el problema de la legitimidad social (cuestión planteada por Gramsci en los años treinta) determina, en esta etapa, la conformación keynesiana o de bienestar. Las coaliciones políticas y sociales (Offe y E. Andersen) son determinantes en la legitimidad y conformación de los Estados de la posguerra. En este aspecto debemos señalar el papel del movimiento sindical y de los partidos social-demócratas y social-cristianos en las coaliciones de gobierno. Esto es importante en los casos de los países escandinavos, en Alemania, Italia y Japón.

 

Esping Andersen diferencia tres tipos de Estados de Bienestar según como se combinen las coaliciones políticas, la distribución del ingreso y la estratificación social resultante. A ello, agrega un concepto central del pensamiento de Polanyi que es el de la “desmercantilización”. Sólo los estados escandinavos avanzaron en mayor medida en la idea de la desmercantilización del trabajo. Alemania, Italia y Japón desarrollaron un Estado de Bienestar basado en coaliciones socialdemócratas y socialcristianas y en la influencia de la ocupación norteamericana. Según E. Andersen, se trata de Estados que reforzaron la reproducción de la estratificación social. Este autor centra su análisis en la influencia de las condiciones internas, como el caso de la religión y la estratificación social previa.

 

Según Offe, el Estado de Bienestar genera la tensión entre la cuestión de la legitimidad y de la eficiencia. Como la eficiencia en el accionar estatal es difícil de medir, lo central para este autor es el problema de la legitimidad. Podemos coincidir en este enfoque, si analizamos algunas políticas sociales como las de seguridad social. ¿Qué es más importante, asegurar el retiro de los trabajadores o garantizar el equilibrio de las cuentas públicas?

 

Desde una discusión más compleja, debemos preguntarnos acerca de sí es posible definir como Estados de Bienestar a los existentes en algunos países latinoamericanos, como Argentina, Uruguay y Brasil en las décadas de los años cuarenta a sesenta. A partir de la posguerra desarrollaron Estados con aparatos propios de los estados de bienestar, pero existen numerosas discusiones acerca de su carácter y alcance. Y en el período del “stop and go”, años cincuenta y sesenta, aparecieron reflexiones como las de Celso Furtado acerca de la inviabilidad de esos modelos de desarrollo.

En Latinoamérica y en el sudoeste asiático los procesos de sustitución de importaciones tuvieron conformaciones particulares, entre otros aspectos, según su nivel de vinculación política con las potencias dominantes. Los EEUU dominaron a Alemania y Japón imponiéndoles un nuevo sistema constitucional, eliminando a sus fuerzas armadas y reformando sus anteriores sistemas económicos. La guerra fría obligó a los países periféricos a alinearse con dicha política. Su conformación colonial inicial y su papel en la posguerra determinaron el papel de estos países en el nuevo escenario mundial.

 

Desde una perspectiva latinoamericana deberíamos incorporar al análisis algunos aspectos centrales (según Gerschenkron) como el del interés militar y la falta de financiamiento bancario. En Latinoamérica, el interés militar primó y direccionó el desarrollo de los procesos de sustitución de importaciones. En Argentina, la creación de empresas como YPF y  Fabricaciones Militares muestra la injerencia del poder militar en el modelo de desarrollo. Las características de sus economías y de sus estructuras sociales desembocaron en problemas estructurales como el del denominado “stop and go” que se reflejaban en los déficits de las balanzas comercial y de pagos. Las diferencias económicas, las coaliciones políticas y sus bases sociales también se diferenciaron de las existentes en los países centrales.

 

El Estado de Bienestar y el trabajo

 

Para Robert Castel (1995) existen tres formas de relación del trabajo en la sociedad industrial que constituyen a su vez tres modalidades de relación del mundo del trabajo con la sociedad en general: la condición proletaria, la condición obrera y la condición salarial.

 

La condición proletaria era una situación de cuasi exclusión del cuerpo social y pieza clave en el origen de la industrialización, pero su destino era trabajar para reproducirse. La situación del obrero era totalmente diferente que la del burgués, más que de jerarquía, era un mundo escindido por la doble oposición entre capital y trabajo, y entre seguridad-propiedad y vulnerabilidad de masas. La “cuestión social” consistía entonces precisamente en la toma de conciencia de que esa fractura puesta en evidencia a través del pauperismo podía llevar a la disociación del conjunto de la sociedad.

 

La condición obrera tenía que ver con una sociedad encarada como un todo. En la nueva relación salarial, el salario dejó de ser la retribución puntual de una tarea. Aseguraba derechos, daba acceso a prestaciones fuera del trabajo (enfermedades, accidentes, jubilaciones), y permitía una participación ampliada en la vida social: consumo, vivienda, educación. Se retribuían las tareas de ejecución, ubicándose en la base de la pirámide social.  Pero al mismo tiempo se dibujaba una estratificación más compleja que la oposición entre dominantes y dominados, una estratificación que incluía zonas superpuestas en las cuales la clase obrera vivía esa participación en la subordinación: el consumo (pero de masas), la educación (pero primaria), los ocios (pero populares), la vivienda (obrera), etc. A eso se debía que esa estructura de integración fuera inestable. En el momento en que se estructura la clase obrera, también se afirma la conciencia de clase: entre “ellos” y “nosotros”, no todo está definitivamente jugado.

 

La condición salarial va unida a la sociedad salarial, que no significa ningún triunfo de la condición obrera sino todo lo contrario, ya que el obrero fue desbordado por la generalización del asalariado. Asalariados “burgueses”, empleados, jefes, miembros de profesiones intermedias, el sector terciario: la asalarización de la sociedad rodea al asalariado obrero y vuelve a subordinarlo, esta vez sin esperanza de que pueda llegar alguna vez a imponer su liderazgo. Si todos o casi todos son asalariados, la identidad social debe definirse a partir de la posición que se ocupa en el salariado. La escala social tiene un número creciente de niveles a los cuales los asalariados ligan sus identidades, subrayando la diferencia con el escalón inferior y aspirando al estrato superior. La condición obrera sigue ocupando la parte inferior de la escala, o poco menos (están los inmigrantes, semiobreros, etc.). Si continuaba el crecimiento, si el Estado seguía ampliando sus servicios y protecciones, todo el que lo merecía podría también “ascender”. Significaba el mejoramiento para todos, el progreso social y mayor bienestar.  La sociedad salarial parecía arrastrada por un irresistible movimiento de promoción ascendente: acumulación de bienes y riquezas, creación de nuevas posiciones y de oportunidades inéditas, ampliación de  los derechos y garantías y multiplicación de las seguridades y protecciones.

 

F. W. Taylor profundiza la idea de la profesión-vocación protestante. A la concepción ideológica del trabajo-vocación planteada por Weber cuando analiza el papel histórico del protestantismo, Taylor agrega e incorpora el saber y la tecnología organizacional que permite incrementar la productividad del trabajo, reduciendo los tiempos muertos. La “organización científica del trabajo” no solo se apropia del saber concreto del trabajador especializado y promueve una mayor explotación de la mano de obra obrera e incluso administrativa (trabajadores de cuello azul y blanco) mediante la imposición de los tiempos y los movimientos. Ello permite reducir los tiempos muertos del trabajo humano durante la jornada de trabajo e incrementa simultáneamente la productividad de las empresas. Es una gran contribución a lo que Marx denominaba la reducción del tiempo de trabajo socialmente necesario para producir una mercancía. (Neffa, J.C. 1990)

 

Pero desde una perspectiva weberiana, el taylorismo y el fordismo necesitaron del incremento de la burocracia para su implementación y reproducción. La organización científica del trabajo, la cadena de producción y el mercado de masas incrementaron las estructuras de apoyo de las organizaciones empresariales para garantizar su reproducción. Las unidades de diseño y planeamiento, marketing y difusión, de recursos humanos, apoyo administrativo,  mantenimiento, etc., terminaron generando costos directos e indirectos que tendieron a atentar contra la ley del valor-trabajo, a la disminución del tiempo de trabajo socialmente necesario y `por consiguiente al incremento de la productividad. Estas condiciones internas de su reproducción explican, en parte, el agotamiento de un modelo de acumulación capitalista, tan exitoso durante décadas.

 

Con la crisis del fordismo, desde la perspectiva del trabajo, se comienzan a implementar nuevas tecnologías que replantean los procesos de trabajo, la división del trabajo y los modelos contractuales. Comienza a suprimirse la división del trabajo manual e intelectual, tiende a sustituirse el trabajo especializado por el denominado polimodal o comienza a imponerse la flexibilidad laboral de la jornada de trabajo y en la relación contractual. En los países centrales el trabajo rutinario, repetitivo, fragmentado y de refuerzo de la división social entre el trabajo intelectual y manual comienza a formar parte del pasado. Pero el trabajo especializado, la rutina de la jornada, la incidencia de las enfermedades laborales y la fatiga en la jornada del trabajo fueron factores que tendieron a la baja de la productividad fordista y lo que es, en la hora actual, más importante, a la baja de la calidad de los  productos. Estos problemas, que dieron lugar a la crisis del fordismo y permitieron generar las bases de un nuevo modelo de acumulación capitalista en donde el trabajo pleno y registrado comienza a estar en cuestión. (Neffa 1990)

 

A fines del siglo XX, estos logros se deterioran y comienzan a aparecer problemas estructurales como el incremento de la desocupación y la pobreza. Esta cuestión nos lleva a interrogarnos acerca de la relación del capitalismo y el Estado keynesiano y de Bienestar.

 

Estamos ante la presencia de la crisis del empleo pleno. Los nuevos procesos de trabajo no nos garantizan el empleo pleno, tienden a flexibilizar al trabajo, y lo que es aún más grave, la idea de Polanyi de la des-mercantilización del trabajo tiende a ser cada vez más utópicas.

 

 

 

 

 

                                                                        

DEL ESTADO DE BIENESTAR AL NEOLIBERAL

DE LA SOCIEDAD SALARIAL AL MODELO FLEXIBLE

 

La posguerra iniciada en 1946 se caracteriza por la expansión del Estado Plan, la consolidación e los aparatos del Estado de Bienestar, por la producción y consumo de masas y por la “Guerra Fría” entre los bloques socialista y capitalista. El acuerdo de Bretton Woods regula la economía mundial capitalista a través del Fondo Monetario Mundial y el BIRF y la moneda estadounidense se constituye en la divisa mundial. La experiencia de la guerra consolida en las economías avanzadas el subsidio a la producción agrícola y de materias primas que afectan gravemente a las economías periféricas. El Estado Nación Plan se consolida a nivel mundial. La producción y el consumo de masas con altos salarios predominan en las economías del capitalismo central y se expande a través de las empresas multinacionales en las economías periféricas acrecentando su acumulación gracias a las economías internas de las naciones. En las naciones periféricas se da un doble proceso político. Por una parte las nuevas naciones se conforman en el marco de la lucha anticolonial y de la autonomía nacional y por otra parte, parte de estos procesos políticos responden al modelo socialista.

 

En el capitalismo avanzado en cambio se consolida el Estado de Bienestar, tanto por el contexto de la guerra fría, como por el papel de la socialdemocracia y de los sindicatos industriales. Por otra parte, comienzan a consolidarse los Bloques Económicos entre estados-nación. La Unión Europea, el acuerdo del Sudoeste asiático, la Comunidad Andina, etc, son algunos ejemplos que a la vez muestran resultados desiguales. La Comunidad Europea tiene como pilares la unificación de los mercados de bienes y servicios manteniendo la heterogeneidad de los respectivos mercados de trabajo para facilitar la expansión de las empresas a mayor escala.

 

A principios de la década de 1970 se comienzan a evidenciar los problemas del fordismo y del Estado Plan y/o Benefactor. El presidente Nixon desvincula al dólar de la reserva oro y en 1973la OPEPaumenta desproporcionadamente el precio del petróleo generando una recesión económica a nivel mundial. La rápida acumulación financiera de los países productores de petróleo se canaliza principalmente a través del mercado financiero de Londres en gran medida a las economías periféricas. Las principales economías latinoamericanas absorben un endeudamiento importante. Al aumentar las tasas de interés, en un principio baratas, se produce la crisis mundial de la deuda en1982. Apartir de allí, la tasa de interés regula la economía mundial al arbitrar los flujos financieros y las inversiones a escala mundial.

 

En este contexto de crisis en Inglaterra y en los EEUU se cambia drásticamente la política económica. Tatcher y Reagan cuestionan el déficit público y buscan mediante la desregulación económica y laboral, las privatizaciones y los ajustes del gasto público junto a la reducción de impuestos a las empresas, superar la crisis y el estancamiento con inflación. Estas políticas van a tener una creciente aplicación en América Latina. Chile es el primer país que aplica la política económica neoliberal junto a las dictaduras militares de Argentina y otros países. Si bien Chile reorientó su política en 1982 regulando los flujos financieros, en los años noventa se generalizan estas concepciones en gran parte de estos países debido al denominado “Consenso de Washington” y al papel del FMI y el Banco Mundial.

 

 

Las concepciones teóricas

 

Para Milton Friedman (1996) el Estado en términos genéricos no es el principal  obstáculo del individuo y de la sociedad, si lo es el Estado de Bienestar. A diferencia de los economistas neoclásicos, Friedman plantea que el Estado tiene roles fundamentales en la preservación y desarrollo del mercado libre. De hecho, este autor es el principal fundador de la nueva economía política predominante a partir de las décadas del ochenta y noventa. Su preocupación central es cómo evitar la amenaza del Estado de Bienestar a la libertad de los individuos y de las empresas y cómo hacer posible que el Estado sea en cambio su garante.

 

La contribución de Friedman al pensamiento económico y político de fin de siglo es rescatar categorías del pensamiento neoclásico reinterpretándolas para analizar y contribuir al desarrollo del capitalismo competitivo. Por este concepto entiende la organización de la actividad económica mediante la empresa privada operando en un mercado libre. Que es a su vez, un sistema de libertad económica y de condición necesaria para la libertad política. El mercado es la fuente generadora de la libertad de los individuos y el Estado su garante. Su unidad de análisis es el individuo-ciudadano y la empresa privada. Ellos son la fuente y garantía de la libertad. Este concepto de libertad es amplio y complejo, ya que a la libertad económica y de mercado las une a las libertades políticas y civiles. En este sentido el individuo y la empresa son fuente y garantía de la libertad y el Estado sólo debe garantizarla evitando que otros individuos hagan uso de la fuerza en su provecho. En este sentido recobra el pensamiento de Locke.

 

Para este autor sólo el individuo garantiza la variedad y diversidad y por ende el progreso. El Estado no puede garantizar el progreso y a mayor actividad y diversidad del Estado, mayor será la mediocridad y el estancamiento de la sociedad.

 

A partir de este problema, Friedman se pregunta acerca del papel que debería tener el Estado en una sociedad libre y de mercado. El Estado debe proteger la libertad y garantizar la ley y el orden. En este sentido, reivindica el pensamiento de Locke, el pensamiento económico neoclásico y la tradición liberal americana. Pero agrega que el nuevo rol del Estado es hacer cumplir los contratos privados y fomentar los mercados competitivos. En este sentido, el Estado debe intervenir en la actividad económica garantizando la institución clásica del contrato y de una de las condiciones necesarias de la “legitimidad” del capitalismo: la competencia. La nueva política económica debe garantizar la “correcta” reglamentación de los derechos de propiedad y limitar los efectos de vecindad. En este aspecto, Friedman cuestiona el exceso regulatorio del Estado por considerar que afecta al libre mercado y, por ende, a la propiedad y a la libertad. El Estado no debe tener un rol activo en la producción de bienes y servicios, debe regular las actividades económicas lo menos posible y no debe reglamentar los derechos de las minorías que interfieran en las actividades mercantiles (garantizar cupos de empleos para minorías raciales, etc.). El mercado y la empresa privada e incluso las monopólicas pueden realizar estas acciones con más eficacia que el Estado.

 

Friedman si es un feroz crítico del Estado de Bienestar al punto de colocarlo en un nivel similar al Estado Feudal, al señalar que: “el Estado es el dueño y señor y el ciudadano el criado o sujeto”. Considera que este tipo de Estado amenaza la libertad de los individuos, impone los criterios de las mayorías sin respetar a las minorías, amenaza la natural distribución de los ingresos que surge del mercado otorgando privilegios a través de políticas sectoriales, concentra el poder en los sectores que controlan al Estado central o nacional, afecta cuestiones vinculadas a la libertad y la propiedad de los individuos y cuestiona su rol de productor económico y las regulaciones que fomentan los efectos de vecindad (efectos sobre terceros a los cuales no se puede cobrar o recompensar, ej. impuestos a los combustibles para construir carreteras que no van a ser usadas por todos los contribuyentes). La concentración del poder por parte de las mayorías en el Estado y no tanto su rol, es la verdadera amenaza al individuo y su libertad, a lo cual contribuye el juego político que favorece a las mayorías en detrimento de las minorías.

 

El Estado “ideal” para Friedman es un “Estado mínimo” que además de la libertad, la ley y el orden garantice la propiedad y el capitalismo competitivo. Pero también cuestiona al Estado nacional o central. Propone la descentralización del Estado nacional en los niveles estaduales y municipales. Se trata de un Estado limitado y descentralizado en cuanto a sus esferas de acción y roles. Pero que debe intervenir en la vida económica fomentando una política desregulatoria y garante de los contratos.

 

Un Estado, en tanto limitado y descentralizado garante de la libertad, la propiedad privada y que fomente el capitalismo competitivo es la propuesta de Friedman. En este sentido, el eje central de su pensamiento es que el principal rol del Estado es el de garante de la propiedad como fuente de libertad, ya que el Estado socialista es la antítesis, ante la inexistencia de propiedad individual y las dictaduras militares latinoamericanas pueden ser justificables si garantizan la propiedad de los individuos y las empresas, aunque limiten o cercenen las libertades políticas y civiles. En cambio, un Estado que limite el capitalismo competitivo con reglamentaciones al derecho de propiedad buscando redistribuir ingresos, privilegiando a los grupos por sobre los individuos y fomentando acciones que aumenten los efectos de vecindad, es un Estado que afecta a la libertad. Un Estado socialista que suprime la propiedad es la antítesis de su modelo, pero un Estado que garantice la propiedad y el capitalismo competitivo aunque limite las libertades políticas debe aceptarse como un mal menor. Es evidente que el pensamiento de Milton Friedman ha tenido una influencia decisiva en las dos últimas décadas. Su pensamiento se centra en el individuo, la empresa y en la propiedad y la libertad.

 

Desde esta concepción se produce un cambio de paradigma científico e ideológico. La sociedad civil y el Estado Plan son categorías que pierden entidad e importancia. Sólo el individuo y las empresas son las fuentes de las libertades y la propiedad y la libertad vuelven a constituir una unidad al igual que en el siglo XVIII y, al igual que en el siglo XIX solo el mercantilismo asegura el futuro. La tradición liberal del orden y del progreso se sitúa en el marco del nuevo capitalismo competitivo.

 

Otra cuestión relevante se relaciona con la política. El Estado limitado y  descentralizado minimiza en sus acciones el papel de los partidos políticos. La municipalización da lugar a alternativas (vecinalismos, etc.) que limitan el accionar de los partidos. La clara reglamentación de la propiedad, la garantía de los contratos, el juego del libre mercado y de los ingresos y la desregulación reduce claramente el rol de los partidos y de la política. Por último, la nueva política económica otorga a los “especialistas” un rol central al cual deben subordinarse los políticos. En materia de política económica los tecnócratas suplantan a los políticos y las garantías contractuales limitan el papel de los partidos al de poder de policía de reglas ya dadas. En síntesis, el individuo y las empresas tienen más entidad que la sociedad y el Estado. En la medida que el Estado garantice la propiedad y los contratos, el capitalismo competitivo garantizará el progreso y la mejor asignación de los ingresos. Más allá de los valores implícitos y de su verdad científica, esta teoría tuvo importantes implicancias e influencia en los años recientes.

 

La crisis del modelo de acumulación fordista y del Estado de Bienestar, a principios de los setenta, dio lugar al proceso de reforma estatal que se implementó en las décadas de los ochenta y los noventa. En un primer momento, la cuestión se centró en una reforma que planteaba “menos Estado”. El Estado debía, en el sentido friedmaniano, eliminar su rol productor y regulador. Se planteaba menos Estado a lo cuál se agregaba el tema de la cuestión fiscal (James O´Coonor, 1985). El Estado debe equilibrar las cuentas fiscales y garantizar la moneda En este sentido también la influencia del pensamiento de Friedman es central: el Estado debe garantizar la propiedad y el valor de la moneda para que tenga un efecto neutral en la actividad económica. La cuestión era más mercado y menos Estado. Desde esta perspectiva, el pensamiento de Friedman tuvo una clara influencia ya que no sólo se cuestionaba al Estado de Bienestar sino que se planteaba un nuevo modelo de  articulación entre el mercado y el Estado.

 

Las denominadas reformas de “primera generación” planteaban menos intervención estatal en el mercado, desregulación de los mercados y menos bienestar social al reemplazar a las políticas universales (seguridad social) por las políticas focales.

 

Si bien en la década del treinta, más Estado fue la respuesta para la resolución de la crisis y en los años setenta la idea de “menos Estado” parecía ser la solución al estancamiento económico.

 

El neoliberalismo plantea menos Estado productor, distribuidor y regulador pero más Estado garante de la propiedad y del capitalismo competitivo. Pero ante las distintas respuestas frente a la crisis, por parte de los distintos modelos de los capitalismos emergentes surgieron preguntas acerca de las distintas respuestas exitosas de modelos capitalistas diferenciados.

 

Además, de la escuela de regulación y del institucionalismo francés, surgió el neo-institucionalismo y el análisis comparado americano para intentar analizar estas diferencias.

 

Es así que las reformas denominadas de “segunda generación” se basan en la cuestión de la “calidad” de las instituciones y en las “reglas de juego”. Otro problema importante es el de la “convergencia”. Este problema se da tanto entre los países industrializados centrales como entre los desarrollados y los subdesarrollados. (Suzanne Berger 1996). Los autores que plantean el problema otorgan calidad explicativa a la historia y a la política (politics).

 

Se pasa así de la cuestión de “menos Estado” al problema de un Estado “mejor”. La calidad institucional del Estado y de las entidades económicas pasa a ser el tema central.

 

Pero también subyace un problema más profundo: la economía interconectada de la tríada USA, Japón y Alemania (ILE) más las economías “agresivas” reprime a los consumidores y corporaciones y ha hecho desaparecer las fronteras nacionales. La globalización aparece así como una cuestión amenazante. El G 7 es una nueva “pax europea” y un posible final para la autonomía nacional. (Berger 1996)

 

Las estrategias de desarrollo e industriales comienzan a ser temas de agenda política y científica. Tanto los analistas neoliberales, los neo- institucionalistas y aquellos vinculados al análisis comparado del problema mercado y el Estado, se plantean estas cuestiones.

 

Los neoliberales plantean el problema de la efectividad de las políticas. Ponen énfasis en sus logros: “la política es sus resultados” Gerald Meier (1991). Se trata de una visión economicista que parte de la idea de que la nueva economía política (NEP) es correcta en su concepción, pero  que la burocracia estatal la deforma en su implementación, lo cual da lugar a resultados pobres o negativos (la idea de la caja negra). Los economistas de una concepción neoliberal tienen un diagnóstico correcto de las políticas pero, los aparatos estatales afectan el impacto positivo de las mismas. En algún sentido, Paul Hirsch (1992) cuestiona el predominio del pensamiento “limpio” de los economistas y reivindica la visión más “crítica y empírica” propia de los sociólogos.

 

Los neo institucionalistas y su corriente histórica plantean la importancia de las instituciones y de las reglas de juego y de las políticas estatales Fred Block, Hall y Kathleen Thelen y Sven Steinmo (1992). La calidad institucional y las particulares articulaciones que se observan en los estados nacionales explican como frente a la misma crisis, pueden existir respuestas de política económica nacional exitosa o no.

Las instituciones estatales y las económicas (capital y trabajo) y sus articulaciones explican el éxito de las políticas de competitividad. Steven Vogel (1996) rescata el papel del Estado y de sus actores en la política de desregulación y re-regulación. A la primera oleada de desregulación de los mercados surge la re regulación y en ésta los integrantes del Estado tienen un rol central al presentar una mayor autonomía frente a las presiones del mercado y de los lobby o grupos de interés. En este sentido, Vogel rescata el concepto de servidor público cuestionado por el neoconservadurismo.

Los neo institucionalistas reconocen que el mercado presenta “fallas”. La asimetría en la información, las incongruencias que pueden observarse entre la racionalidad individual y la del conjunto social y el problema del interés común que debe garantizar el Estado son temas importantes en sus análisis. El problema de la racionalidad individual y el del interés común que debe garantizar el Estado y su entramado institucional presentan flancos cuestionables.

 

La racionalidad de los individuos revalorizada por Friedman y sus seguidores,  es una racionalidad basada en la elección de los medios (relación costo beneficio) y no en las metas u objetivos, los cuales pueden ser variables y múltiples. La racionalidad de los medios pasa a ser el eje central de la conducta individual y luego trasladable a los grupos de interés Mancur Olson (1998). Es interesante estudiar como Gary Becker (1987) lleva este principio al análisis del matrimonio ya que, de su estudio se desprende que la racionalización mercantil abarca las distintas dimensiones de la vida humana. Pero este principio desconoce conductas racionales e irracionales ya planteadas por Weber. En este aspecto Hirsch (1992) al rescatar al pensamiento sociológico frente al económico está cuestionando esta concepción del individuo y de la sociedad. No se puede desconocer el impacto de este pensamiento racional mercantil en las personas, pero no es la única dimensión que explica la conducta social de los individuos.

En cuanto al concepto del interés “común o general” que debe garantizar el Estado si bien fue siempre tema de debate, a partir de los setenta y en especial con el predominio de la globalización continúa siendo un problema de importante definición. El pensamiento neoconservador reducía este concepto a la libertad y propiedad de los individuos y de las empresas y a su complemento conceptual, la competencia.La NEPavanzó al plantear la importancia de los resultados de las políticas públicas y el neo institucionalismo lo complejizó al presentarlo como resultado de una compleja articulación entre el Estado, las organizaciones empresarias y sindicales y de su articulación con el mercado mundial. Pero en última instancia, la preeminencia de la lógica del mercado por sobre la multiplicidad de intereses de la sociedad y el papel del Estado limitado principalmente a ser garante de la libertad-propiedad y del capitalismo competitivo frente a sociedades que se dualizan (A. Guiddens 1996) son el límite para este tipo de abordaje.

 

De todos modos, el planteo de la efectividad y los resultados de las políticas y el problema de la regulación y la calidad institucional de los países continúan siendo temas relevantes. El institucionalismo histórico plantea algunas cuestiones importantes como son los antecedentes históricos, el papel del Estado y el de las organizaciones sociales vinculadas a la actividad económica. En este sentido, quizás sin proponérselo, recobran valor concepciones anteriores como la importancia de la organización y la calidad de la fuerza de trabajo y las políticas activas del Estado frente a la globalización. En tanto, Vogel, revaloriza el papel del Estado re regulador ya que frente a un escenario dinámico la regulación estatal (o regional y supranacional) seguirá teniendo según él, un papel central aunque diferente a la etapa anterior.

 

Por otra parte, desde el punto de vista teórico y metodológico el neoliberalismo y el neo institucionalismo y el análisis comparado plantean interesantes aportes a la cuestión de la articulación entre el mercado y el Estado. La contribución más importante es el estudio de las variables meso o “intermedias”, el estudio detenido de las políticas públicas y el de la articulación institucional, ayudan a entender, en el análisis de casos, las particularidades y diferencias, aspectos que pueden “perderse” cuando sólo se limita el análisis del problema a la cuestión macro (ej. :globalización). De todos modos este nivel de análisis no debería desconocerse, en especial cuando se  estudia el problema de la “convergencia” entre los países centrales y periféricos.

 

Si bien, el estudio de casos es muy importante, es cuestionable como se “toman o asimilan”  categorías, conceptos, etc., de otras corrientes teóricas (Boyer, Albert, etc.) con cuestionable rigor científico. Lo cuál podría evidenciar que el utilitarismo no sólo impacta ya no sólo en todas las relaciones mercantiles, sino que influye en ciertas concepciones del “pensamiento científico” y en las ciencias sociales.

 

La Economía Global

 

Frente a la crisis de los años 70 aparecen distintas experiencias neo-industriales entre las que se destacan las NICs, la especialización flexible (Flex Spec) y la producción de calidad diversificada.

 

Los países del sudeste asiático promueven un modelo exportador basado en productos estandarizados (commodities) a bajo costo que ponen en crisis a las producciones de los países del norte. Estos modelos se basaban en sociedades tecnológicas promovidas por el Estado y en bajos costos salariales.

 

Para Michael Piore y Charles Sabel (1993) la década de los años 70 se caracteriza por la “segunda ruptura industrial” y es producto de una crisis o ruptura que define el rumbo que va a tomar el desarrollo tecnológico y por ser el marco de las crisis de la regulación keynesiana. Para los autores, la primera ruptura industrial se produjo en el siglo XIX con la difusión de la producción en serie de las grandes empresas. Proponen dos estrategias para resolver la crisis. Una seria un keynesianismo universal que contempla a los países periféricos como salida para la producción en serie y la otra, los sistemas de especialización flexible. El keynesianismo universal propuesto fue reemplazado en los hechos por la hegemonía neo-liberal.

 

Los sistemas de producción flexible se caracterizan por la producción de series cortas facilitadas por la tecnología informática que permite operar los equipos adaptando las operaciones mediante nuevos programas (software). Esto es muy importante ya que los ciclos de vida de los productos son muy breves. Este modelo industrial se basa en la innovación permanente. Para Piore y Sabel la difusión de la producción flexible depende de la creación de instituciones de regulación micro y macroeconómicas durante la nueva trayectoria tecnológica. La micro-regulación consiste en hallar respuestas institucionales para coordinar la innovación. Las cuatro formas de la micro-regulación son: la flexibilidad más la especialización, la entrada limitada, el fomento de la competencia y los precios y la identidad. El principal problema para este modelo productivo es lograr obtener un modelo de cooperación que a su vez mantenga la competencia. En cambio, para los autores, la producción flexible permite una mayor adaptación a los mecanismos macro-reguladores neoclásicos que predominan a escala global.

 

Por último, plantean la existencia de cuatro modelos de producción flexible: los conglomerados regionales de pequeñas empresas independientes, los grupos federados de grandes empresas vagamente aliadas (Japón), las empresas “solares” que poseen empresas más pequeñas en órbitas estables (Estados Unidos y Alemania) y las fábricas-taller grandes empresas que se organizan internamente como talleres). Entre los conglomerados regionales se destacan los distritos industriales especializados del norte de Italia. Estos conglomerados son básicamente socio-céntricos (Ricardo Domínguez 1996) y en donde las variables socio-culturales son centrales para la conformación de instituciones de cooperación (Italia, New York).

La producción de calidad diversificada está basada en una economía en donde la dimensión social del lado de la oferta es central Wolfgang Streek (1956). Estos modelos requieren para su emergencia y supervivencia de instituciones fuertes que no sean del mercado y que modifican la racionalidad individual del mercado y el control directivo unilateral y que a su vez logran una gran eficiencia. Para Streek, un modelo de producción y empleo institucionalmente “saturado” y políticamente negociado, puede ser posible y competitivo en una economía mundial abierta. El autor define dos modelos diferentes de producción diversificada de calidad. Los productores artesanales que extienden su volumen de producción sin sacrificar sus altos estándares de calidad y los diseños personalizados del producto y los productores en masa que se mueven upmarket actualizando el diseño y la calidad de sus productos y aumentado su variedad para escapar de la competencia vía precios o por la reducción de los mercados masivos.

Los requisitos de la economía y de las empresas para lograr la calidad diversificada son: una ecología organizacional, la presencia de capacidades redundantes y una amplia oferta de entradas. Estos requisitos crean costos difusos de difícil medición en términos clásicos. Estas sociedades industriales requieren de una rica estructura institucional capaz de imponer límites sociales sobre los participantes racionales del mercado y para crear oportunidades eficaces para que las empresas se reestructuren hacia una mayor diversidad y calidad.

 

La globalización se caracteriza por la multiplicidad de interconexiones entre los estados y las sociedades que construyen el sistema mundial. Se caracteriza por la escala global y la intensificación de la interacción entre las naciones. Se diferencia de la internacionalización (intercambio de bienes y personas) y de la multinacionalización (transferencias de capital y trabajo) Ricardo Petrella (1996).

 

Desde el punto de vista económico, la globalización se caracteriza por la mundialización de los mercados financieros, la internacionalización de las estrategias empresariales, la difusión tecnológica, de I&D y del conocimiento y por el cambio en los patrones de consumo (cultura de productos). Desde la perspectiva política, la globalización se caracteriza por la internacionalización de las capacidades regulatorias en un sistema económico y político global y por la reducción del rol de los gobiernos nacionales en el diseño de las reglas. 1996). Para R. Petrella, los grandes conglomerados financieros e industriales globales son los principales actores del mundo global. Sus intereses estratégicos no se relacionan con las necesidades nacionales. La legitimidad política y social del Estado para asegurar el desarrollo socio-económico está en riesgo, por lo cual los estados delegan en las grandes empresas la capacidad de asegurar el desarrollo. A pesar del predominio de la concepción de “más mercado y menos Estado”, estos conglomerados requieren apoyos y servicios de los estados. Estos apoyos son: cubrir la infraestructura básica, proveer incentivos impositivos para invertir en I&D y en innovación, garantizar el acceso privilegiado al mercado interno y asistencia para competir en los mercados internacionales. En este sentido, para el autor, el dueño del capital todavía sigue siendo importante y la principal contradicción es entre el debilitamiento de las bases del capitalismo nacional y el creciente poder del capitalismo global.

 

Para Michael Porter (1990) en cambio, el papel de la Nación en la competitividad mundial es muy importante. “Las formas en que las empresas crean y mantienen la ventaja competitiva en los sectores mundiales brindan la necesaria base para comprender el papel que la nación desempeña en este proceso”. La competencia es un concepto dinámico e implica un constante cambio. La mejora y la innovación son procesos que nunca terminan. Exigen inversiones continuas para detectar las orientaciones del cambio y para ponerlas en práctica. Para analizar la competitividad de una nación se debe determinar la naturaleza de la competencia y las fuentes de la ventaja competitiva  de los sectores y entre los segmentos de un sector. La otra cuestión, es observar porqué una nación es la base central para competir en un sector. En esa base nacional tiene lugar el desarrollo de los productos, de los procesos centrales y es la plataforma para la estrategia mundial. El entorno favorable que hace a una nación competitiva se basa en cuatro atributos: a) las condiciones de los factores (mano de obra especializada, infraestructura), b) las condiciones de la demanda (interior), c) los sectores afines y de apoyo competitivos y d) la estrategia, estructura y rivalidad de las empresas (como se crean, organizan y gestionan las empresas y la naturaleza de la competencia doméstica).

 

Desde este punto de vista, el Estado no tiene un papel determinante. Pero para Porter, el rol del Gobierno es influir en los cuatro determinantes que hacen al entorno favorable. Las intervenciones y regulaciones afectan a los mercados de capitales, a las inversiones, etc., y el gobierno influye a través de políticas como la educativa, las compras gubernamentales e incidiendo en la demanda. Sin embargo, Porter también señala que las políticas gubernamentales pueden ser tanto positivas como negativas, para influir en cada uno de los cuatro determinantes.

 

Los Estados nacionales pierden capacidad de regulación e intervención frente a las organizaciones internacionales (OMC y otras), por la existencia de los bloques regionales y por la mundialización de los conglomerados empresariales. Pero las naciones competitivas se caracterizan por la existencia de estados intervencionistas en el desarrollo empresarial, bajo nuevas modalidades, y por el peso de un entramado institucional en donde los actores no estatales tienen una importancia central. Existen experiencias socio-céntricas en donde los actores empresariales, sindicales y los estados regionales (estaduales, provinciales, municipales) tienen un rol central y explicativo. Otras experiencias, en cambio, son estado-céntricas como en el caso de Japón. Porter plantea que el Estado contribuye pero no explica la competitividad de una nación y Petrella advierte sobre la influencia de la gran empresa por sobre el Estado nacional y por la pérdida de su capacidad para dirigir el proceso de desarrollo.

 

Los bloques regionales asumen en mayor escala el papel político de regular e intervenir en los mercados. Permiten a las empresas desempeñarse a una escala mayor y hacer uso de las diferencias en los costos laborales existentes en sus países miembros como ocurre enla Unión Europea, en el NAFTA y con Japón enla ASEAN.

 

La innovación en materia de tecnologías, productos y procesos y la producción flexible tiene como fuente principal a la empresa, sea multinacional o de origen artesanal. Pero el Estado y las nuevas formas institucionales también contribuyen a la innovación haciendo competitivos a ciertos sectores productivos. Pero las políticas gubernamentales también pueden ser negativas para favorecer la competitividad. Si bien la globalización implica una regulación basada en el libre mercado, los modelos de producción flexible y de calidad diversificada se asientan en sectores de naciones cuyos estados y entramado institucional tienen en la micro-regulación un prerrequisito central para el logro de la competitividad.

 

 

La flexibilidad productiva y laboral

 

La crisis del keynesianismo en la década de los años 70 refleja los límites que se fueron observando en la producción en serie fordista. “Los neo-keynesianos no podían oponerse a los neoclásicos que planteaban la desregulación de los mercados de los productos y del trabajo y el retorno al minimalismo institucional del mercado y a la jerarquía de las empresas. (Streek, 1956)

 

La globalización da lugar al surgimiento de nuevos modelos de producción neo-industriales. Estos modelos se basan en la flexibilidad tecnológica y organizacional que permite a las empresas obtener una mayor competitividad en el mercado global. Estos modelos son una respuesta a la crisis de los años 70 y a la creciente influencia del neo-liberalismo y por consiguiente, la flexibilidad se transforma en un prerrequisito para la construcción de la competitividad de las empresas y de sectores en distintas naciones. La producción flexible se constituye en una nueva estrategia empresarial que facilita un nuevo proceso de internacionalización de la economía.

 

Los Estados en donde surgen estos modelos neo-industriales se reorganizan transformando sus modalidades de intervención y de regulación. (Berger y Vogel). Además, en esas naciones existe un entramado institucional que promueve la producción flexible (Piore y Sabel) y de calidad e incluso con altos salarios (Streek).

En los países del capitalismo avanzado, las PyMES competitivas son posibles por la transformación de las políticas estatales y por los nuevos roles que asume el sector privado. El Estado promueve la intervención pública y privada, descentraliza la implementación de las políticas, es facilitador y promueve nuevas formas de financiamiento que cuidan a su vez el equilibrio fiscal. El sector privado se asocia y coopera a escala y participa en el diseño de las políticas para el sector. (R. Domínguez, 1996)

 

La globalización implica una menor autonomía de los Estados-Nación pero promueve a su vez la construcción de los bloques regionales. Naciones como Japón, Alemania, Italia y Estados Unidos poseen sectores productivos flexibles exitosos e instituciones estatales, empresariales y sindicales que constituyen un entramado organizacional que las hace competitivas. Además, esas naciones integran bloques regionales que regulan e intervienen en la economía de un conjunto de naciones. Estados Unidos es el país desarrollado con mayor predominio de políticas neo-liberales, en especial en materia financiera y comercial, pero mantiene una fuerte política intervencionista en materia agropecuaria y en las industrias bélica y aeroespacial.

 

El problema de la convergencia entre los países desarrollados y los subdesarrollados

 

En las décadas de los años 80 y 90 existió convergencia de la política económica entre los países desarrollados del norte con los países en desarrollo del hemisferio sur. Esta convergencia se asentó en la lógica del libre mercado de “más mercado y menos Estado”. La estabilidad macroeconómica y el ajuste estatal fueron los ejes de las reformas en América Latina. La divergencia aparece en las características del modelo de desarrollo económico y en especial en la política industrial, tanto entre los países desarrollados como en los países en vías de desarrollo, y como entre los distintos países de Latinoamérica. Por otra parte, frente a la hegemonía neo-liberal cuyas bases se encuentran en el “Washington Consensus” el neo-estructuralismo y el neo-institucionalismo plantearon los límites y críticas al ajuste neo-liberal en la periferia.

 

La globalización implica la pérdida de la importancia de los países del capitalismo periférico en la economía mundial, al perder peso en el comercio mundial y en la recepción de las inversiones en favor de los bloques desarrollados. Por otra parte la globalización financiera y la internacionalización de las capacidades regulatorias de las naciones a favor del sistema global (ej. La tasa de interés) y el predominio de los conglomerados mundiales (Petrella, 1996), quitó instrumentos de políticas económicas a las naciones en desarrollo, aún en mayor medida que en los países desarrollados. Petrella plantea que la globalización favorece a la tríada (U.E., E.E.U.U. y Japón) y genera un proceso de exclusión creciente para los países en desarrollo. Esta “desligación” (¿desconexión?) implica una división mundial cada vez más desigual. Ante esta visión pesimista, el autor se pregunta sobre la viabilidad futura del proceso de globalización frente al surgimiento de futuros conflictos políticos, nacionales o internacionales.

 

En este escenario, desde los países desarrollados predominó la visión de la reducción del Estado en Latinoamérica como solución a sus recurrentes crisis de balanza de pagos. Rudiger Dornbusch y Sebastián Edwards (1992) señalan que los países latinoamericanos sufren la “repetición de ciclos económicos irregulares y dramáticos” con graves consecuencias políticas y sociales. Los gobiernos populistas procuran el crecimiento y la redistribución descuidando la estabilidad macro, lo cual genera inflación y el colapso del programa. Esto se resuelve con programas de estabilización fiscal, generalmente a cargo de gobiernos autoritarios. Esta visión del populismo latinoamericano otorga poco peso al análisis de las características del sistema productivo (agro, industria y exportaciones) y al problema de la muy importante desigualdad de ingresos. Cuestión que, sí es planteada por algunos organismos multilaterales que señalan por ejemplo la enorme distancia en la pirámide de ingresos respecto a otras regiones, como el sudeste asiático. Por otra parte, el papel de la eficacia de los gobiernos militares en los programas de estabilización es cuestionado por autores neo-institucionalistas (Stephan Haggard y Robert Kauffman, 1995). La década de los años noventa muestra que los gobiernos democráticos y los partidos populistas han llevado a cabo importantes programas de ajuste neo-liberal.

 

Estos programas de ajuste se basan en el denominado programa del Consenso de Washington (1988) que constituye la base de la política económica que el FMI y el Banco Mundial, junto al BID, promovieron en la región. Los principales puntos del Consenso son: la disciplina fiscal, la liberalización financiera, la desregulación, la liberalización del comercio exterior, la apertura a la inversión externa y las privatizaciones. Es decir, ajuste de las cuentas fiscales y apertura al comercio mundial, al capital financiero y a la inversión externa. La apertura junto a la política de protección a los derechos de propiedad, favorece a los grandes conglomerados globales. La tasa de cambio competitiva tuvo una aplicación más controvertida, porque la prioridad fue el ajuste fiscal y monetario. Curiosamente, la reforma del gasto público que, como muy bien plantea John Williamson (1996), se caracteriza por un muy importante gasto militar, los subsidios indiscriminados y los elefantes blancos, “tienen más recursos que el retorno que pueden justificar”, sufrió pocos cambios, como puede observarse en el gasto militar de Argentina, Brasil y Chile. En cambio, la propuesta reorientación del gasto hacia la educación, la salud y la infraestructura no se vio sensiblemente mejorada.

 

Si bien John Williamson (1996) niega que el Consenso tenga una impronta neo-liberal, el autor reformula posteriormente las propuestas originales. La nueva agenda prioriza la competitividad frente a la estabilización. Esta concepción competitiva se asienta en la institucionalización de competencias estatales tales como un Banco Central independiente, la justicia independiente, organismos de promoción de la productividad y en el fortalecimiento de la supervisión bancaria. La reforma impositiva debe contemplar aspectos distributivos y del cuidado del medio ambiente. Además, continúa planteando la reorientación del gasto público y destaca la importancia del gasto educativo. Para Williamson estas políticas generarán empleo y, junto al gasto educativo, atemperaran la “mayor desigualdad de ingresos del mundo”.

 

Para Haggard y Kaufman (1995), el fortalecimiento de las instituciones del mercado requiere de una disminución del poder del Estado, pero con un refuerzo de sus capacidades administrativas. En este sentido, no se comprende como se pueden fortalecer las capacidades de las burocracias debilitando a su vez, las instituciones políticas y sus capacidades de regulación del poder. En esta concepción subyace la visión de que el autoritarismo (burocracias militares) es garante de la estabilidad macroeconómica, frente al populismo. Aunque los autores reconocen que ahora los gobiernos militares ya no son garantía para el ajuste o estabilización neo-liberal, plantean que en esta etapa, sí lo serían los elencos técnicos.

 

Carlos Bresser Pereira (1993) critica al programa del Consenso de Washington porque se limita a reducir al Estado y a lograr la estabilidad macroeconómica. Señala que el enfoque de política económica parte de un diagnóstico erróneo, al descuidar la importancia de la crisis fiscal y de la deuda externa. La crisis fiscal es la expresión o consecuencia de políticas erróneas para prolongar el modelo de sustitución de importaciones y por el consiguiente endeudamiento que imposibilita, desde los años ochenta, la reconstrucción del ahorro público. El autor reconoce la importancia de reformar al Estado con una nueva concepción estratégica frente al predominio de la nueva economía mundial, pero sin la reconstrucción del ahorro público el crecimiento económico no estará garantizado.

 

El análisis de la crisis fiscal no solo es importante por su impacto fiscal (en Argentina en once años se dictaron tres leyes de emergencia  económica y varias complementarias de consolidación de deudas) sino porque, implicó la aniquilación de los aparatos del Estado para generar políticas, regular y controlar (ej.: instituciones laborales de Argentina). En este sentido los Neo-institucionalistas no estudian suficientemente esta cuestión y en cambio, ponen énfasis en sus análisis en aspectos como el liderazgo, las diferencias entre el poder ejecutivo y el legislativo, el papel de las coaliciones y de otras variables meso. Estas pueden tener importancia como cuestiones intervinientes, pero no explican la magnitud de los ajustes fiscales observados luego de las crisis fiscales de Argentina, Brasil, Bolivia, e incluso Chile en la primera fase de los años setenta.

 

De todos modos, a la primer etapa de hegemonía neo-liberal basada en la reducción del Estado y la estabilidad económica planteada por el Consenso de Washington, le siguió una segunda fase que, comienza a enfocar la cuestión en nuevos roles estatales y en una nueva institucionalidad para lograr la competitividad.

 

El desarrollo económico en Latinoamérica tiene límites no suficientemente tratados como el problema de la redistribución de los ingresos, la reorientación del gasto público, la construcción de la institucionalidad y la resolución de la crisis fiscal y del endeudamiento. Por otra parte, se observa la dificultad para la construcción de organizaciones socio-céntricas, como el caso italiano, y el fracaso de los bloques regionales, como el Pacto Andino y la crisis del Mercosur, el cual se limitó a una unión aduanera. Algunas cuestiones sin embargo, comienzan a ser planteadas como la necesidad de políticas micro-económicas para perseguir metas de redistribución (Dornbusch y Kaufman). Aún, la resolución de la deuda, el aumento del ahorro público (Bresser Pereyra) o el aumento de las reservas para la inversión productiva (Williamson) son cuestiones no resultas.

 

El caso chileno es puesto como ejemplo de un modelo de desarrollo exitoso, por todas estas concepciones teóricas. El ajuste neo-liberal implementado en Chile desde 1973 culminó a principios de los ochenta en una importante crisis fiscal. A partir de allí, se planteó una reorientación de la política económica mediante la cual el Estado tuvo un papel central en la promoción de sectores empresarios y en la exportación de nuevos productos. Además, su elevado ahorro interno basado en la renta minera, resguardando a su vez el flujo externo de capitales financieros, le permitió a Chile reducir la dependencia con el endeudamiento externo. Sin descuidar aspectos fiscales y macroeconómicos, el Estado es intervensionista en materia de desarrollo. En esta etapa, la reforma estatal y la modernización institucional permitió una mayor eficacia de las políticas públicas, pero aún no resolvió la cuestión del elevado gasto militar ni de la redistribución de los ingresos.

 

 


Conclusiones

 

En la actualidad parecen prevalecer nuevamente los principios lokianos del individuo y la economía y de los límites que se deben plantear frente al accionar de la política. También, parecen existir los aspectos negativos planteados por Weber y Marx respecto al funcionamiento de la economía capitalista y del Estado liberal. La tesis de Schumpeter del agotamiento de la capacidad innovadora del capitalismo aún no parece verificarse completamente, ya que en los últimos treinta años existió un cambio cualitativo en lo tecnológico y organizacional. En cambio. se cuestiona, a fin de los años noventa, el papel del Estado desde una perspectiva neokeynesiana frente a las desigualdades sociales crecientes originadas por la nueva economía. En este sentido no parece refutada la tesis de Marx de la creciente riqueza de la economía y la creciente pauperización de la humanidad.

 

Lo cual nos lleva a formular la pregunta subyacente en varios de estos autores: ¿Cómo garantizar un crecimiento económico que genere acumulación, empleo de calidad, distribución de ingresos y equidad social?

 

En esta etapa del desarrollo del capitalismo aún tienen vigencia: el  dilema de Polanyi planteando la política como reproductora de la lógica mercantil o como límite a ella generando alternativas para la vida social y humana; Weber planteando la autoridad carismática como ruptura a la racionalización y la creciente burocratización destructora de la libertad del hombre; Marx valorizando a la política como ruptura total del capitalismo; Schumpeter interrogándose acerca del papel dirigente e innovador de los capitalistas; Keynes planteando un capitalismo más equitativo y distributivo y Locke y Friedman como fundamentos teóricos del actual y prevaleciente neoconservadurismo.

 

La actual cuestión dela Globalizaciónversus la anti-globalización nos vuelven a plantear estas cuestiones. El problema de la rebelión lockiana parece estar presente en distintos sentidos y el planteo de Schumpeter de las otras clases como dirigentes parecen tener vigencia en muchos países del tercer mundo. La mayor pauperización y la consiguiente conflictividad junto a una racionalización creciente replantean cuestiones ya planteadas por Keynes y Polanyi.

 

Contemporáneamente, la cuestión se agrava en un sentido keynesiano, ya que las masas de desempleados y subempleados o de desempleados involuntarios son ahora socialmente “estigmatizados” como desempleados estructurales, sin capacidad de ser incorporados al mercado. Lo cuál parece retrotraer la cuestión a una perspectiva prekeynesiana y polanyiana en donde el empleo es un factor económico sometido al libre juego de la oferta y de la demanda de la libertad de los mercados autorregulados.

 

En el nuevo milenio la cuestión de la profesión-vocación aparece para el conjunto de los individuos como un paradigma  en crisis. La disminución de los puestos tradicionales de  trabajo y de la precarización creciente del empleo, replantean la cuestión del trabajo y de su relación con el capital y del problema del papel de la política frente a los derechos del empleo y al funcionamiento del mercado de trabajo.

 

Este problema abre una cuestión central en el siglo XXI. ¿Estamos frente al fin del concepto de ciudadanía social, es decir del asalariado como sujeto portador de derechos políticos (R. Castel)?

 

La nueva economía mundial supera al cronómetro al permitir que las transacciones financieras, comerciales y productivas se realicen durante las 24 horas en forma continua y a escala planetaria. Desde el punto de vista de los procesos de trabajo, según Coriat se abren dos escenarios posibles. El neotaylorismo (taylorismo +tecnología) y los modelos de calidad con trabajo calificado y con altos salarios. Una tercera alternativa son los trabajos vinculados a la economía marginal (Guiddens). Al parecer la nueva flexibilidad taylorista se va generalizando junto a los modelos organizacionales que reformulan las burocracias empresariales y estatales para tornarlas más flexibles y menos costosas.

 

En definitiva las nuevas tecnologías y modelos organizacionales son una nueva vuelta de tuerca para disminuir los tiempos muertos y para mejorar el desempeño productivo de las organizaciones privadas y públicas. No solo se tiende a tercerizar actividades de las organizaciones, se terceriza el trabajo asalariado gracias a las nuevas tecnologías. El empleo con altos salarios, rutinizado y regulado de la sociedad salarial se sustituye por un creciente taylorismo, ahora subordinado a la economía de las 24 horas, con creciente flexibilidad contractual y heterogeneidad salarial. En cambio en las economías periféricas la cuestión aún es más grave, ya que las masas vinculadas a la actividad capitalista tienden a disminuir y son crecientes las masas excluidas realizando actividades de sobrevivencia propias de formas precapitalistas. Alvin Toffler planteó, hace ya tres décadas, algunos de estos rasgos de nuevo capitalismo y conjeturó que la salida para las masas del tercer mundo eran las tareas precapitalistas. En este sentido, José Nun (2001), ante la exclusión social creciente reformula la tesis marxista de ejército de reserva y de sobrepoblación relativa. Ya no estaríamos solo en presencia de desocupados funcionales a los ciclos económicos, en estos países existe una población “sobrante” o excedente para el desarrollo del capital.

 

El problema de la convergencia entre los países desarrollados y los subdesarrollados se plantearía desde esta perspectiva en una forma muy limitada. Una dimensión es la vinculación desigual de algunas economías periféricas con la directa exclusión del resto. Otra dimensión es la incorporación en estas economías, de un reducido núcleo vinculado al capitalismo mundial con la exclusión de las mayorías.  En este sentido en la periferia, el Estado-Nación tiende a debilitarse o a desintegrarse cada vez más.

 

 

 

Finalmente nos interesa reflexionar acerca del papel del Estado capitalista y los períodos de crisis capitalista. El Estado capitalista históricamente interioriza las crisis del capitalismo como garantía para la reproducción y la acumulación del capital. El Estado Plan keynesiano es, en ese sentido,  un nuevo ejemplo histórico. Pero cabe interrogarse: ¿Por qué la crisis de 30 se resolvió con más Estado, mientras la crisis de los 70-80 se pretende resolver con menos Estado?

 

El Estado Benefactor está en crisis. Quizás, se impongan políticas neo-keynesianas para resolver aspectos parciales de las crisis del capitalismo avanzado. O quizás, esta crisis sea sólo una nueva fase de “normalidad de la acumulación del capital”, en donde las grandes diferencias sociales sean su cualidad inherente y necesaria.

 

La idea del Estado limitado y descentralizado fundamentado por Friedman, ha tenido enorme influencia en las dos últimas dos décadas. El abandono del rol productivo del Estado, las desregulaciones y la descentralización de las funciones del Estado nacional o central se originan en este pensamiento. A ello se agrega una nueva concepción en la distribución de los ingresos ya que el mercado asigna “mejor” la distribución de los ingresos que el Estado. Junto al rol productor y regulador del Estado de Bienestar, criticados por Friedman, el cuestionamiento del problema de la distribución de los ingresos pone en tela de juicio su rol históricamente más importante.

 

Los últimos siglos de existencia de la sociedad capitalista muestra la preeminencia de la “racionalidad” individual con una importante concepción positivista y del “mercantilismo” que abarca a casi la totalidad de las dimensiones del hombre (Becker 1987). El nuevo milenio muestra que estas concepciones del hombre y de la sociedad continúan siendo predominantes.

 

Pero cabe preguntarse si la globalización, que agudiza la dualización de las sociedades y cuestiona el problema de la convergencia entre las naciones ricas y pobres, en la medida que difunde la racionalidad y la lógica mercantil sin distribuir sus beneficios materiales no pueda generar “irracionalidades” y posturas “anti-mercantiles” que puedan llevar a nuevas concepciones acerca de la sociedad, el Estado y la integración mundial.

 

La globalización pone en cuestión al Estado –Nación porque al “mercantilizar” a sectores de la población de los países que se integran al mercado mundial genera la desintegración social de vastos sectores que no logran acceder al empleo asalariado. Además, al poner en crisis a la sociedad salarial y provocar la des-seguridad social (R. Castells 1995), no solo se modifican las regulaciones estatales laborales a favor de los modelos flexibles, sino que además la idea del trabajador como portador de derechos políticos pierde entidad. Por lo cual, la política de fin de siglo es sustituida por una tecnocracia que define al trabajo como un factor de la producción económica adaptable a los ciclos económicos y a los constantes cambios organizacionales y tecnológicos.

 

Por lo tanto las políticas laborales en la era neoliberal tendrán como fundamentos de las desregulaciones al sujeto como individuo factor de la producción en donde su costo y productividad laboral serán los “valores sociales centrales” como materia de desregulación laboral. El nuevo derecho laboral tendrá por objeto al individuo frente al colectivo y a limitar el accionar del Estado en el amparo del trabajador frente al capital. Esta individuación del asalariado también ha sido privilegiada frente a la regulación del conflicto laboral a fin de que el sindicato, en tanto colectivo, perdiera entidad. Al convenio colectivo de trabajo como institución de ciudadanía social se lo buscó descentralizar y adecuar a las modalidades de flexibilidad laboral y contractual.

 

Las instituciones laborales estatales dejan de ser monopólicas para ser concurrentes con las empresas y organizaciones privadas. Se descentralizan y privatizan las instituciones de la seguridad social privilegiando sus prestaciones según las capacidades contributivas de los individuos.

 

Previendo una fase de crisis del mercado de trabajo por efecto de la desregulación las políticas laborales previeron políticas sociales focales para los individuos afectados por los despidos. Sus resultados han sido muy ineficaces y con el agravante de han contribuido a estigmatizar a sus beneficiarios frente al conjunto social.

 

Esta concepción del trabajador como ciudadano individuo como materia de desregulación laboral tiene consecuencias económicas, sociales y políticas. Entre las consecuencias políticas aparece la cuestión de la democracia como un problema relevante. Una ciudadanía basada en la figura del individuo productor no requiere necesariamente de un régimen democrático, que si requiere de una ciudadanía social portadora de derechos políticos.

 

Por consiguiente, la reforma laboral implementada en los años noventa, es un objetivo político central, no solo para disminuir los costos del trabajo, sino más importante aún, para la construcción de un Estado neoliberal que solo arbitra entre individuos y empresas y en donde la política y el problema de la democracia como régimen político basado en la ciudadanía social pierden relevancia en la agenda pública frente al mercado.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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